El Comercio entrevista a Carlos Pérez, socio de ECIJA y abogado de BSA (Business Software Alliance) con motivo de la Semana TIC Asturias.

El abogado Carlos Pérez, es socio de Écija, una firma especializada en tecnología, medios y comunicaciones que, desde 2011, representa a la principal asociación de fabricantes de software, Business Software Alliance (BSA) en la defensa de los derechos de propiedad intelectual de los creadores de programas y aplicaciones informáticas. «No es como la SGAE, no hay ánimo de lucro y el dinero de las indemnizaciones se utiliza para sufragar los litigios y hacer campañas de concienciación», explica en Avilés, donde ha acudido para participar en las jornadas Impulso TIC.

Los estudios señalan que alrededor de la mitad de las empresas utilizan software ilegal.

¿Hay un tipo o un tamaño de empresas más proclive a piratear programas?

No. Nos encontramos con que hay de todo. A nivel de empresas muy grandes, las hay que tienen sus propios sistemas de gestión y que más o menos lo hacen bien, pero a partir de ahí hay tanto grandes como medianas o pequeñas. La situación es generalizada.

¿Cómo se detecta? ¿Se hacen inspecciones o la información llega mediante denuncias?

La BSA tiene desde hace años un formulario de denuncias en su página web, y casi todos los casos que nos llegan viene por ahí. De media llegan unas trescientas al año.

¿Prosperan?

La mitad se desechan porque la información no tiene solidez, pero la otra mitad acaba en una acción legal. En 2015, por ejemplo, llegaron 370 denuncias y se tomaron medidas en 191 casos. 25 se llevaron por la vía judicial y el resto por vía de requerimientos. Cuando se va por vía judicial se busca un mandamiento para realizar un registro, que siempre es por sorpresa.

¿A qué se expone una empresa que utiliza software ilegal?

Cuando una empresa lo hace bien, solo tiene que pagar por las licencias. Si lo hace mal, tiene que abonar las licencias y, además, una indemnización. Si va por la vía penal, para los administradores de la empresa hay penas de multa que pueden llegar a los 280.000 euros, e incluso de cárcel en casos muy serios. También hay responsabilidad directa de la empresa, que puede conllevar la prohibición de contratar con la administración o perder beneficios con la Seguridad Social o Hacienda. Es muy serio.

En esos casos en los que el empresario desconoce la situación, ¿sigue siendo responsable?

Sí. En 2010 se introdujo un régimen de responsabilidad penal de empresa, porque esta se beneficia. La reforma del Código Penal de 2015 exige establecer sistemas de control para que esto no suceda.

La razón por la que se utiliza software pirata es el precio de esas licencias…

No. La razón es sobre todo la falta de concienciación y la falta de control empresarial a nivel interno. Nos encontramos en muchos casos con que la dirección no tiene ni idea porque confía este asunto al departamento de sistemas. También hay casos en los que no se compran licencias por estrategia empresarial, pero en la mayoría de los casos no es una cuestión económica, porque hay muchos casos en que no llega ni a los doscientos euros.

¿Cuál es la fórmula más habitual de pirateo?

Hay empresas que descargan un programa de Internet y lo instalan de forma generalizada a otras en las que se compran una, dos o veinte licencias, pero instalan los programas en trescientos ordenadores. También estamos empezando a detectar piratería en la nube.

¿Se piratean mucho los programas de ofimática cuando hay alternativas de software libre?

Por desgracia, la piratería está en todos los tipos de software. Pero incluso los programas de código abierto tienen unas licencias que hay que respetar.

¿Hay un cálculo de lo que puede estar perdiendo la industria por la piratería?

Sí. Las últimas cifras para España implica que los perjuicios directos para el sector rondan los mil millones de euros. Luego hay que calcular lo que supone en pérdida de empleo, ingresos indirectos de la distribución y los servicios…

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