Crece hasta el 44% el uso de ‘software’ ilegal en la empresa española

Madrid 14-06-2012

En uso de software sin licencia por parte de las empresas españolas aumentó en 2011 hasta un 44 por ciento, según recoge el Estudio Global de Piratería de Software de la Business Software Alliance (BSA), lo que se traduce en un riesgo jurídico para las sociedades si éstas promocionan estas prácticas entre sus empleados o no ponen los medios necesarios para evitarlas.

En el marco de la Jornada BSA- Ecija sobre la responsabilidad penal de los delitos contra la propiedad intelectual del software, que tuvo lugar ayer en la sede madrileña de Ecija, el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Maza aprovechó para apuntar las consecuencias penales que esta práctica puede suponer para las empresas, especialmente desde que entró en vigor la última reforma del Código Penal por la que se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Dicha responsabilidad «plantea serios interrogantes» a los que deberá dar respuesta la jurisprudencia, y que desembocan en que «se transfiere a la persona jurídica la labor de control y policía» de forma que, si no se vigila al empleado, la responsabilidad podrá ser societaria y no individual.

Maza aseguró que, con el nuevo marco penal, «el legislador lo ha puesto muy fácil para ir sólo contra la persona jurídica», y ello por dos razones: en primer lugar, «se puede condenar a la persona jurídica sin saber quién es la persona física responsable del delito»; y en segundo lugar, «si la empresa se conforma con la pena [teniendo en cuenta que el delito lo puede denunciar el propio culpable sin incriminarse a sí mismo y éste puede aceptar la pena que proponga el juez como representante de la empresa], automáticamente se deja de perseguir a la persona física

Falta de Control

Ante este panorama, las empresas españolas «fallan en su política de control interno», según aseguró Carlos Pérez, socio de Ecija, quien recordó que en todos los registros de software llevados a cabo en el marco del despacho, o bien hay un «descontrol total» sobre el uso de material ilegal, o bien la propia empresa lo incentiva. En este sentido, recordó que «basta con que el empresario informe a sus empleados de que controlará sus prácticas» para que éste pueda examinar sin previo aviso su correo electrónico, etc., dado que «el ordenador es una herramienta más que se pone a disposición del empleado, como un coche de empresa».

Además, según Pérez, «la jurisprudencia está a favor de que se controle al empleado». De lo contrario, recordó Alejandro Touriño, también socio de Ecija, «al final la culpa es de la empresa», por lo que, «cuando haya indicios de prácticas ilegales, deben activarse los controles».

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