Principales conclusiones a la Jornada BSA ECIJA sobre: ‘La responsabilidad penal de los delitos contra la propiedad intelectual del software’
Madrid 14-06-2012
En la sede de Madrid de ECIJA tuvo lugar ayer la Jornada sobre ‘Sobre la responsabilidad penal de los delitos contra la propiedad intelectual del software’. El evento ha contado con la presencia de José Manuel Maza (Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo), Carlos Pérez y Alejandro Touriño, socios responsable de las áreas de Information Technology/ Corporate Compliance de ECIJA en Barcelona y Madrid, respectivamente, y Teo Alcorta (Presidente del comité español de Business Software Alliance (BSA)), y representantes de más de treinta de entidades procedentes del todos los sectores de la economía.
En el marco de la Jornada, Teo Alcorta y Carlos Pérez, presentaron las conclusiones al ‘Estudio Global de Piratería de Software de BSA’, haciendo hincapié en la situación española. Según este informe, España sufrió en 2011 un 44 % de piratería en programas software, frente al 43 % de 2010, esto supone un coste de 874 millones de euros, que sitúa a nuestro país 11 puntos por encima de la media del resto de los países europeos y solo por delante de Grecia.
Este informe también señala que reducir en 10 puntos la tasa de piratería durante los próximos cuatro años, se podrían crear 2.244 nuevos empleos y generar 2.039 millones de euros adicionales para el PIB de nuestro país, de los cuales el 80 % irían directamente a la economía local.
Según el estudio, para las empresas es muy importante conocer cuáles son y qué delitos suponen contra la propiedad intelectual la tenencia de software sin licencia. Las empresas que tengan en sus sistemas software sin licencia, pueden enfrentarse a sanciones económicas y penales y por ello es necesario que sus administradores sepan cómo evitar los riesgos.
Ante este panorama, las empresas españolas ‘fallan en su política de control interno’, aseguró Carlos Pérez, que recordó que en todos los registros de software llevados a cabo en el marco del despacho, o bien hay un ‘descontrol total’ sobre el uso de material ilegal o bien la propia empresa lo incentiva. En tal sentido, recordó que ‘basta con que el empresario informe a sus empleados de que controlará sus prácticas’ para que éste pueda examinar sin previo aviso su correo electrónico, etc. dado que ‘el ordenador es una herramienta más que se pone a disposición del empleado, como un coche de empresa’. Además, de acuerdo con Pérez, ‘la jurisprudencia está a favor de que se controle al empleado’. De lo contrario, Alejandro Touriño, recordó que ‘al final la culpa es de la empresa’ por lo que ‘cuando haya indicios de prácticas ilegales, deben activarse los controles’.
José Manuel Maza, Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo, afirmó que la empresa debe ‘ejercer un control sobre sus empleados’ y deberá responder ante actividades que supongan un beneficio para la empresa.
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