La diversidad de proveedores y la responsabilidad social corporativa en España

Nota informativa escrita por el área de Derecho Público y Regulatorio de ECIJA Madrid.

Lo que necesitas saber:

• Marco legal en España sobre diversidad de proveedores y derechos humanos: En España, la normativa relacionada con la diversidad de proveedores y la diligencia debida en derechos humanos es limitada en comparación con otros países europeos. Aunque la Constitución Española promueve la igualdad, no existen leyes específicas que regulen la diversidad de proveedores, aunque algunas disposiciones en la Ley de Contratos del Sector Público fomentan la inclusión en la contratación pública.
• Iniciativas europeas en diversidad y derechos humanos: Mientras que países como el Reino Unido, Francia y Alemania han implementado leyes que exigen a las empresas integrar la diversidad en sus cadenas de suministro y proteger los derechos humanos, España aún carece de una legislación integral que regule estos aspectos en el ámbito privado. La reciente Directiva (UE) 2024/1760 podría impulsar indirectamente políticas de compras que respeten los derechos humanos, si bien no menciona específicamente la diversidad de proveedores.
• Obligaciones para empresas en España sobre derechos humanos y diversidad: En España, algunas leyes, como la Ley 15/2022 sobre igualdad de trato y no discriminación, y la Ley 4/2023 para la igualdad LGTBI, exigen a las empresas adoptar planes de gestión de la diversidad e igualdad, y a las grandes empresas informar sobre su impacto en los derechos humanos. Sin embargo, no se obliga a implementar procedimientos concretos de diligencia debida en las cadenas de suministro, más allá de la información que debe aportarse en el Estado de Información No Financiera.
• Desafíos y futuro de la legislación en España: Aunque la legislación española sobre diversidad de proveedores y derechos humanos está en evolución, se enfrenta a desafíos debido a la complejidad de las cadenas de suministro, especialmente en el contexto global. Se prevé que futuras reformas puedan impulsar la adopción de políticas inclusivas, pero deben ser proporcionales y no afectar la competitividad empresarial.

En un entorno empresarial fuertemente globalizado, y cada vez más consciente de la responsabilidad social, temas como la diversidad de proveedores y la diligencia debida en derechos humanos en la cadena de suministro han cobrado una gran relevancia. Sin embargo, en España, la normativa específica que regula estos aspectos aún es muy limitada, especialmente si se compara con otros países europeos que sí han implementado algunas disposiciones legales al efecto. A continuación, exploraremos el marco regulatorio en España en relación con la diversidad de proveedores y la diligencia debida en materia de derechos humanos.

El concepto de supplier diversity -como se conoce en el ámbito anglosajón- se refiere a la integración en la cadena de suministro de empresas que incluyan en sus plantillas a grupos tradicionalmente subrepresentados, como mujeres, personas LGTBI, minorías étnicas, personas con discapacidad, etc.

A nivel nacional, la norma suprema del ordenamiento jurídico, la Constitución Española de diciembre de 1978 regula con carácter genérico la igualdad y no discriminación en su artículo 14. Sin embargo, lo hace desde un plano demasiado general, como no podía ser de otro modo, sentando solamente los cimientos de un principio constitucional que requiere del correspondiente desarrollo legislativo.

En la actualidad la adopción de políticas de diversidad de proveedores no se encuentra específicamente regulada por el ordenamiento jurídico en el ámbito del Derecho Privado, siendo en consecuencia voluntaria para las empresas. Sin embargo, en el entorno europeo algunos países han comenzado a implementar programas y normativas específicas que incentivan a las empresas a diversificar su base de proveedores. Podemos mencionar como ejemplo el Reino Unido, que ya había aprobado tiempo atrás la Equality Act 2010, la cual fomenta la inclusión y la diversidad, y aunque no regula de manera directa la diversidad de proveedores, el sector público y algunas grandes corporaciones han adoptado políticas proactivas para incluir proveedores diversos como parte de sus compromisos con la igualdad y la responsabilidad social.

No ocurre lo mismo en España en el ámbito del Derecho Público, donde la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (“LCSP”), sí que promueve la igualdad de oportunidades y la inclusión social en las contrataciones públicas, de tal modo que la adquisición de bienes y servicios por el sector público sí que obliga a la valoración de factores inclusivos y de diversidad. Esto subraya la importancia de que las empresas adopten voluntariamente políticas de diversidad de proveedores como parte de sus estrategias de responsabilidad social corporativa (RSC).

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