martes, 6 abril, 2021

Impacto del Covid-19 para las aseguradoras: análisis de posibles acciones legales




Autores: Juan Jose Hernandez y Fernando Prida, asociados en ECIJA.

Como es notorio, desde hace más de un año, la irrupción en España del Covid-19 y las medidas gubernamentales aprobadas tanto por el Gobierno estatal, como por los gobiernos autonómicos para combatir esta crisis sanitaria han tenido un severo impacto económico para las empresas; las cuales en muchas ocasiones se han visto obligadas al cierre temporal o definitivo de sus establecimientos abiertos al público y, por ende, a la paralización de su actividad.

Este ha sido el caso, entre otros, de las cafeterías, los restaurantes, los locales de ocio nocturno, los gimnasios y otros recintos dedicados a actividades que, en virtud del artículo 10.3 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo -por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria- y sus distintas prórrogas, han permanecido clausurados por imperativo legal; lo que, como es lógico, se tradujo en una caída abrupta de la facturación de estos negocios.

Pues bien, partiendo del escenario descrito, el pasado 3 de febrero de 2021 la Audiencia Provincial de Gerona dictó la Sentencia núm. 59/2021 por la que, tras la realización de un examen de los términos y condiciones que afectaban al contrato de seguro suscrito entre una pizzería-restaurante y la aseguradora, se condenó a esta última al pago de 6.000.-€ más intereses legales en favor de la mercantil tomadora del seguro.

Lo anterior, con base en que la empresa asegurada tenía contratada una cobertura por “paralización de actividad” a razón de 200.-€ diarios por cada jornada que su actividad estuviera suspendida, con un límite máximo de 30 días, y que la condición general por la que se limitaba el alcance de dicha cobertura no cumplía con el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) por lo que dicha cláusula no podía aplicar en este caso. En efecto, siendo las exigencias del citado precepto para la validez de la cláusula general por la que se establecía que no se cubrían las pérdidas “resultantes limitaciones o restricciones impuestas por cualquier Organismo o Autoridad Pública” (i) la necesidad de que ésta fuera destacada de un modo especial y (ii) que fuera aceptada por el asegurado de forma expresa y por escrito; dichas premisas no se cumplieron.

Es decir, centrándose el debate en si la paralización de un negocio como consecuencia de las restricciones estatales establecidas para combatir el Covid-19 está cubierta por las pólizas de seguro, debe concluirse que la posible reclamación dependerá de cada caso; toda vez que los factores que afectan al contrato de seguro -tales como el contenido de la póliza, el modo de contratación, etc.- serán distintos en cada caso, sin que sea oportuna la generalización.

Este punto, resulta especialmente sensible por cuanto no toda póliza contemplará las coberturas relativas a la indemnización por paralización de actividad o pérdida de beneficios o, en caso de contemplarse estas situaciones, tampoco se puede caer en el error de tomar como regla general que estos sucesos estarán cubiertos de producirse a causa de decisiones gubernamentales; debiendo analizar el supuesto concreto en atención a la LCS.

Hecho distinto que ninguna relación guarda con la viabilidad o no de la reclamación de aquellas coberturas incluidas en contratos de seguro formalizados con carácter previo a la llegada del Covid-19 a España, es que las aseguradoras hayan tomado determinadas precauciones en la redacción de las nuevas pólizas de seguro durante este periodo de pandemia a fin de evitar futuras contingencias al respecto.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona es pionera en el análisis del impacto que la paralización de actividad por las restricciones normativas del Covid-19 pudiera llegar a afectar a las relaciones entre aseguradoras y sus asegurados.

En este sentido, la interpretación jurisprudencial de las cláusulas delimitadoras de riesgos en situación de pandemia comienza a ser una cuestión recurrente como ya está sucediendo en otros países de nuestro entorno como Reino Unido o Francia, en los que recientemente se han dictado sentencias que analizan las implicaciones jurídicas de este tipo de coberturas que denominan “Business interruption” o “Pertes d‘explotation”, respectivamente. No obstante, hasta el momento allí tampoco existe un criterio armonizado que permita establecer un punto de vista generalizado.

En conclusión, pese a que se trata de una Sentencia mediática y novedosa, su contenido no debe ser considerado como un criterio jurisprudencial pacífico, pues analiza un caso en particular en el que se tienen en cuenta aspectos específicos. Así pues, previendo un aumento de este tipo de conflictos que irán llegando a nuestros Jueces y Tribunales de manera paulatina, previsiblemente se irán conociendo los criterios que permitan establecer una seguridad jurídica adecuada.


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