Sala de Prensa

20 febrero, 2020

Nota informativa sobre el proyecto normativo que establece un marco de regulación y supervisión adecuados al nuevo contexto digital

El pasado 18 de febrero de 2020 el Consejo de Ministros aprobó el esperado proyecto de ley para la creación de un sandbox, un entorno de pruebas controlado para que las compañías tecnológicas experimenten nuevos productos y servicios bajo un conjunto especial de reglas. El proyecto, con finalidad de acompañar la transformación digital del sistema financiero, se encuentra en tramitación parlamentaria, por lo que el texto definitivo de la norma podrá sufrir modificaciones en las Cortes. Dicho esto, la aprobación de este proyecto de ley es un indicador claro de que la innovación está en la agenda del regulador.

El espacio de pruebas propuesto busca promover la comunicación abierta y trasparente entre la autoridad competente y las empresas que deseen someter sus proyectos al sandbox. Asimismo, aspira a posicionar al mercado español como lugar para atraer nuevos negocios del sector financiero o fintech, con el objetivo de ayudar a las empresas a gestionar los riesgos regulatorios mientras testan sus innovaciones.

Asimismo, la puesta en marcha del sandbox podrá agilizar los trámites necesarios para la autorización de determinados proyectos, dado que contempla una pasarela de acceso para la implantación de los proyectos mediante un procedimiento abreviado de autorización, siempre que las autoridades estimen que la información y el conocimiento adquiridos durante la realización de las pruebas permitan un análisis simplificado del cumplimiento de los requisitos.

El sandbox español se articula mediante un esquema jurídico de ley-protocolo, de tal forma que cada proyecto podrá adaptarse no solo a la ley general, sino al protocolo establecido y acordado con la autoridad competente a la hora de definir el alcance y duración del proyecto en ese marco de pruebas.

Es importante tener en cuenta que los proyectos que únicamente podrán someterse a este espacio de pruebas deberán:

  1. Aportar una innovación de base tecnológica al sector financiero.
  2. Estar suficientemente avanzados.
  3. Demostrar que aportan valor añadido en aspectos como la mejora del cumplimiento normativo y de la protección a los usuarios, el aumento de la eficiencia o la mejora de la calidad en la prestación de servicios financieros.