Este artículo fue publicado en Revista Byte Ti.
Según vaticinan los Reguladores de la Unión, son múltiples los aspectos en los que la robótica y la Inteligencia Artificial (IA) van a contribuir a mejorar nuestras vidas, tanto en la esfera personal (transportes, educación, asistencia a personas vulnerables, preparación física y concesión de créditos), en el entorno de trabajo (reducción de tareas tediosas y repetitivas), así como en los retos mundiales (emergencia climática, asistencia sanitaria, nutrición y logística). Y, en efecto, la delimitación de los aspectos éticos y jurídicos de la IA es una de las cuestiones más importantes de la agenda política actual.
En este sentido, la “Information Commisioner Office” (ICO), autoridad de Protección de Datos del Reino Unido, elaboró en mayo de 2020 la guía “Explaining decisions made with AI”, partiendo de los principios establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. En ella se relacionaron los conceptos del funcionamiento de la IA con su impacto en las personas afectadas: “Rationale explanation” (racionalidad de la decisión), “Responsibility explanation” (responsables), “Data explanation” (datos utilizados), “Fairness explanation” (imparcialidad y ausencia de sesgos), “Safety and performance explanation” (seguridad en la implementación del sistema) e “Impact explanation” (evaluación del impacto).
Por su lado, Nueva Zelanda ha sido el primer país en aprobar una regulación del uso de algoritmos por organismos públicos con la promulgación en julio de 2020 de la “Algorithm charter for Aotearoa New Zealand” (Carta de Algoritmos de Nueva Zelanda), que establece los principios que deben aplicarse cuando una evaluación de impacto del uso de un algoritmo revele un riesgo significativo para los derechos de los ciudadanos: Transparencia, protección de la ciudadanía, adecuación del uso de datos, protección de la privacidad, la ética y los derechos humanos, y la supervisión humana.
En España, en julio de 2020 se anunció la creación del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial, para garantizar un uso ético y seguro de la inteligencia artificial, compuesto por expertos españoles de máximo prestigio a nivel internacional en la materia, para contribuir a la finalización y puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), que tiene como objetivo alinear las políticas nacionales destinadas a fomentar el desarrollo y el uso de la IA en España, aumentando la inversión, reforzando la excelencia en tecnologías y aplicaciones de inteligencia artificial, y fortaleciendo la colaboración entre el sector público y privado, de manera que se produzca un impacto significativo en la sociedad y la economía española, habiéndose presentado recientemente un plan de acción con seis ejes estratégicos y una previsión de inversión pública de 600 millones de euros en el periodo 2021-2023.
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