Confilegal recoge la opinión de Fernando Vizcaíno, socio de Laboral de ECIJA.

El Gobierno aprobaba hace unos días dos reales decretos, uno de igualdad retributiva de hombres y mujeres y otro donde se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, con el ánimo de lograr la plena igualdad entre mujeres y hombres en el entorno laboral.

Los textos otorgan rango de ley a los reglamentos de Igualdad Retributiva y de Planes de Igualdad. El Ejecutivo da un plazo seis meses a las empresas de más de 50 trabajadores para implantar un registro salarial que garantice la transparencia en los sueldos.

Las principales novedades que incluyen estos decretos es la obligación para las empresas de contar con registros salariales, una auditoría retributiva -para las compañías de más de 50 trabajadores- y un sistema de valoración de puestos de trabajo. El acuerdo que han suscrito los sindicatos no lo ha hecho la CEOE, patronal empresarial.

Unas medidas poco afortunadas para Fernando Vizcaino de Sas, socio de ECIJA, “el Real Decreto 902/2020 ha adoptado una serie de medidas mediante las que el Gobierno intenta (al menos así lo declara la Exposición de Motivos de la norma) atacar la brecha salarial y las diferencias retributivas entre hombres y mujeres”.

Al mismo tiempo señala que “ adopta dos medidas originales que son la creación de un registro salarial donde figuren, altos cargos incluidos, los salarios de los trabajadores de una empresa y, en un plazo amplio de tres años desde la publicación, la necesidad de realizar en las empresas una auditoría retributiva que signifique una foto de la brecha salarial que pueda existir, o no, en una compañía entre trabajadores”.

Para este abogado, “la pregunta es si esto sirve para algo o es, como parece prima facie, un “canto a Cartagena” fruto, una vez más, de la política de gestos y gestos demagógicos que el Gobierno de Sánchez, de la mano de la ministra Diaz, está tan acostumbrado a hacer”.

Vizcaíno recuerda que “es evidente que existe, aún hoy en día, diferencias entre las retribuciones entre trabajadores del sexo masculino y femenino. Por mucho que se haya avanzado sigue existiendo una diferencia, a veces y en determinados sectores, de la retribución entre hombres y mujeres por el mismo trabajo. Y es legítimo y lógico se intente, desde el gobierno, luchar para que esas diferencias desaparezcan o se reduzcan”.

A juicio de esta jurista “publicar los salarios y poner negro sobre blanco lo que cobra cada trabajador (lo que puede atentar, por ejemplo, contra la protección de datos o el derecho sacrosanto a la intimidad), no parece la mejor medida para paliar este mal. Ni tampoco hacer una auditoria salarial que destape las vergüenzas de la empresa”.

En su opinión, todo eso servirá, en su caso, para “sacar los colores” a la empresa pero no para atajar de forma eficaz ninguna brecha salarial”.
Esta jurista es partidario, “para eso, como es lógico, solo es válido políticas de control por parte de la inspección de trabajo y denuncias que la representación de los trabajadores pueda poner para perseguir la desigualdad”.

“Que estos mecanismos darán “luz y taquígrafos” a los datos… Ya veremos, puede que sí o puede que provoquen que las empresas se enroquen y no quieran desvelar cuestiones que, como decimos, atienden a la protección de datos y la intimidad de las personas”, indica.

Fernando Vizcaíno señala que “parece que el Gobierno quiere que, por vía de poner “rojas” a las empresas aireando sus vergüenzas, estas reaccionen y arreglen los problemas de brecha salarial que pueda haber con sus trabajadores” .

A su juicio “no parece que sea una solución a las diferencias entre hombres y mujeres. Ya se arbitrarán por las empresas las causas que justifiquen esa diferencia “objetiva” de la que habla la norma”, subraya Vizcaíno es contundente y resalta que “en definitiva, en mi opinión es una norma política, oportunista y demagógica que vendrá a complicar las relaciones entre empresas y trabajadores y no arreglará lo que dice ser su objetivo que es luchar contra la brecha salarial”.