Canal 21 se hace eco del recurso presentado por la oficina de Barcelona de ECIJA

El sector deportivo presentó ayer un recurso ante el TSJC para pedir la suspensión cautelar de las medidas decretadas por la Generalitat por las cuales se para toda la competición deportiva y se cierran las instalaciones. Las entidades que representan el conjunto del sector, la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña (UFEC), Gestiona (Gestores de instalaciones públicas de Cataluña, el Coplefc (Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y el Deporte de Cataluña), el clúster del deporte INDESCAT, la Federación Catalana de Natación, la Agrupación Empresarial de Clubes de Natación de Cataluña y la Federación Catalana de Fútbol, explicaron en rueda de prensa los cimientos de la demanda.

El recurso ha sido presentado por Miquel Àngel Alonso, socio de ECIJA, ante la sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra la Resolución SLT/2700/2020, de 29 de octubre, de los Consejeros de Salud y de Interior de la Generalitat de Cataluña, por la cual se prorrogan y se modifican las medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña.

El precedente de julio

“Somos optimistas porque en julio ya nos dieron la razón, y ahora todavía tenemos más argumentos”, explicó Gerard Esteva, presidente de UFEC. “Nos mueve a hacer el recurso la desproporcionalidad, puesto que las decisiones que han tomado tienen efectos contrarios a los que se persigue”, añadió. Durante la presentación, todo el sector se mostró muy preocupado por la práctica deportiva descontrolada que se ha producido este fin de semana en el espacio público, sin medidas de seguridad ni trazabilidad, y por las graves repercusiones que la parada tendrá en la supervivencia de empresas y entidades.

Cautelares y desproporcionalidad

El recurso pide “la medida cautelar de suspensión de la ejecutividad y la eficacia de los apartados 2 y 4 del punto 9.º de la Resolución objete” (SLT/2700/2020, de 29 de octubre, de los Consejeros de Salud y de Interior de la Generalitat de Cataluña). Entre las alegaciones, el texto destaca que “El cierre de las instalaciones y equipaciones deportivas inflige a sus operadores unos daños económicos que, en muchos casos, los abocarán a la insolvencia, cierre definitivo y pérdida de puestos de trabajo” y que “el cierre total de las instalaciones y equipaciones deportivas que resulta de la resolución recorrida afecta también negativamente la salud de los usuarios y, por lo tanto, al interés general”. Además añade que el congreso de los diputados declaró el pasado 15 de octubre el deporte como actividad de interés general.