La propiedad del agua y su discusión en el proceso constituyente chileno 

Artículo elaborado por Rodrigo Nelson, socio de Derechos Humanos,  Dispute Resolution: litigación y arbitraje y Defensa y Prevención Penal.

A la luz de los resultados de las elecciones realizadas en mayo, la temática de la propiedad de los bienes comunes, como es el caso del agua, estará en el centro de la discusión constitucional. Parece haber una mayoría de constituyentes electos que, en un principio, serían partidarios de elevar el acceso al agua como un derecho humano y así dejarlo plasmado en la Constitución, modificando el modelo de gestión para propender a que el Estado tenga una participación en los retornos que generen la explotación de los recursos naturales, lo que implicaría limitar la administración de los privados sobre los recursos. Sin duda que este será uno de los temas más relevantes y sobre lo cual la ciudadanía estará muy pendiente, debiéndose conciliar el actual derecho de propiedad con el derecho de acceso al recurso para el consumo humano. La ponderación adecuada de estos dos relevantes bienes jurídicos debería ofrecer una solución sostenible.

En este escenario, los inversionistas extranjeros están mirando con mucha atención y cercanía lo que está sucediendo para ver como va decantando la situación. Sin duda, habrá un escenario de incertidumbre inicial, pero como país debemos ser capaces de ofrecer grados de suficiente certeza jurídica y que sea duradera para que todos los actores puedan entender y tomar sus decisiones con reglas claras.

Resultan interesantes los modelos de países como Uruguay y Sudáfrica que han reconocido constitucionalmente el derecho humano al agua, pero también nos encontramos con países como Nueva Zelanda, Suecia o Alemania, con legislaciones similares a la chilena y que han logrado un exitoso manejo de la gestión del agua, conciliando los distintos intereses involucrados. Sin embargo, creo que el camino para Chile no es la adopción de un modelo u otro, sino más bien uno que recoja las mejores experiencias internacionales y que puedan ser aplicadas a las necesidades y sensibilidades locales. Esa fórmula nos debiera permitir poder zanjar este tema, dotándola de legitimidad social.