Con fecha 01 de junio de 2020, fue publicada en el Diario Oficial la Ley 21.232 que introduce ciertas modificaciones y correcciones a la Ley de Protección del Empleo (Ley. 21.227), que permite el acceso a prestaciones del Seguro de Desempleo en casos de suspensión de relación laboral por acto de autoridad o por pacto entre las partes y de suscripción de pacto de reducción de jornada laboral.
Las principales modificaciones introducidas son:
- Consulta previa a la Superintendencia de Seguridad Social.
Previo a que la Administradora del Fondo de Cesantía (en adelante “AFC”) haga el pago de la prestación que concede la Ley de Protección del Empleo, elladeberá consultar a la Superintendencia de Seguridad Social si es que los trabajadores respecto de los cuales se solicitó el beneficio están o no recibiendo el subsidio de incapacidad laboral. Recordemos que aquellos trabajadores que estén recibiendo dicho subsidio no pueden percibir, simultáneamente, prestaciones con cargo a la AFC.
2.Aumenta el porcentaje para el cálculo de cotizaciones de cargo del empleador.
Se aumentó la base de cálculo de las cotizaciones previsionales y de salud que serán de cargo exclusivo del empleador durante la vigencia de la suspensión de la relación laboral, sea que se haya producido por acto de autoridad o por mutuo acuerdo de las partes.
- La cotización obligatoria de AFP, la comisión de administración de AFP y el seguro de Invalidez y supervivencia (SIS), se calculará sobre el 100% del monto que el trabajador recibe como prestación del Seguro de Cesantía.
- Las demás cotizaciones de seguridad social y salud tales como, Isapre o FONASA y seguro de cesantía, se calcularán sobre el 100% de la última remuneración mensual del trabajador.
Se mantiene la excepción de que las cotizaciones de la Ley Nª16.744 no deberán ser cubiertas por el empleador durante la suspensión.
3.Causales de término de contrato aplicables.
Esta norma establece que la causal de necesidades de la Empresa, regulada en el inciso 1 del artículo 161 del Código del Trabajo, no será aplicable a los trabajadores mientras estén acogidos a los beneficios de la ley.
Además, se estableció expresamente que las causales contenidas en el artículo 159, números 1 al 5 (mutuo acuerdo; renuncia; muerte del trabajador; vencimiento del plazo y término de obra), sí serían aplicables a trabajadores que reciban los beneficios y prestaciones que otorga la referida norma.
- Empresas excluidas de la paralización de actividades.
Se permitepactar la suspensión de la relación laboral con trabajadores que prestan sus servicios en empresas que se encuentran excluidas de la paralización de actividades, siempre y cuando:
- Sean de aquellos que no sean necesarios para la continuidad de dichos servicios; y
- Se suscriba un pacto de suspensión de mutuo acuerdo.
- Presunción de “paralización parcial”.
Esta ley establece qué se entiende por “empleadores cuya actividad se haya visto afectada”, para efectos de que puedan suscribir pactos de suspensión de la relación laboral de mutuo acuerdo con sus trabajadores.
Así, dispone que la actividad de los empleadores está parcialmente afectada cuando “en el mes anterior a la suscripción del pacto sus ingresos por ventas o servicios netos del Impuesto al Valor Agregado hayan experimentado una caída igual o superior a un 20% respecto del mismo mes del año anterior” (nuevo inciso segundo del artículo 5 de la Ley).
- Posibilidad de reclamar ante la Dirección del Trabajo.
Se agrega el derecho de cualquier trabajador que se vea afectado por el contenido de un pacto de suspensión de la relación laboral acudir a la Dirección del Trabajo y reclamar el posible incumplimiento de los requisitos legales.
- Vigencia de pactos de suspensión de relación laboral y pactos de reducción de jornada.
Esta norma modifica la fecha en que los pactos de suspensión y de reducción de jornada de trabajo comienzan a producir sus efectos.
Ambos pactos comenzarán a regir a contar del día siguiente de su suscripción. Sin embargo, las partes podrán acordar que el pacto comience a producir sus efectos en una fecha posterior, la que jamás podrá exceder del primer día del mes siguiente al de su suscripción.
8.Trabajadoras con fuero maternal.
Tanto la suspensión de la relación laboral como el pacto de reducción de jornada laboral no son aplicables a estas trabajadoras.
9.Base de cálculo de indemnizaciones legal por término de contrato de trabajo (cuando procedieren).
Si tras haberse acogido a las prestaciones que confiere la Ley de Protección al Empleo y cesadoel beneficio, se le pusiere término al contrato de trabajo, las indemnizaciones legales que procedieren se calcularán sobre la base de la última remuneración del Trabajador anterior a los posibles pactos o medidas de la autoridad.
- Trabajadores de casa particular.
Se incluyó a los trabajadores de casa particular dentro de aquellos que podrán tener derecho a prestaciones de la Ley de Protección al Empleo con cargo al seguro de cesantía (AFC).
11.Empresas financiadas con cargo a la Ley de Presupuesto.
Se reemplazó íntegramente el texto original del artículo 22 de la Ley de Protección al Empleo, disponiéndose que:
- Los trabajadores de empresas que han contratado o celebrado convenios que se financien íntegramente con la ley de presupuestos o de subvenciones del sector público y que reciban de los servicios o instituciones los pagos correspondientes, no tendrán derecho a las prestaciones que otorga la ley en cuestión.
Tampoco podrán acogerse a la referida ley las Empresas controladas por sociedades que mantengan capitales o empresas relacionadas en “paraísos fiscales”.
- Quedan exceptuados de lo anterior, y si podrían optar a los beneficios de la ley en cuestión, los trabajadores de aquellas empresas que contraten con el Estado para la ejecución de obras o proyectos de inversión que se paguen según el avance de obras.
- Prohibición de repartición de dividendos entre accionistas.
No podrán repartir dividendos a sus accionistas durante el ejercicio comercial respectivo:
- a) Las empresas organizadas como sociedades anónimas que se acojan a la Ley de Protección del Empleo.
- b) Las empresas organizadas como sociedades anónimas que sean parte de un grupo empresarial en que alguna de las entidades que lo conforma se haya acogido a la Ley en cuestión.
13.Tope a dietas u honorarios de directores de sociedades anónimas abiertas.
Los directores de sociedades anónimas abiertas, en que la mayoría de sus trabajadores reciban prestaciones de conformidad a la Ley de Protección al Empleo por haber suscrito un pacto de suspensión de la relación laboral, no podrán recibir un honorario o dieta que sea superior a los porcentajes del seguro de cesantía. Todo esto mientras dure la referida suspensión pactada.
14.Retención por orden judicial de pensiones alimenticias.
El empleador, en las declaraciones juradas que debe emitir en caso de suspensión de relaciones laborales, deberá señalar a los trabajadores respecto de los cuales está obligado a retener y pagar pensiones alimenticias.
Es más, esta ley establece que las prestaciones a que da derecho la Ley de Protección al Empleo son embargables o estarán sujetas a retención de hasta un 50%, para efectos de cubrir las pensiones alimenticias decretadas judicialmente y notificadas al empleador.
Para el cumplimiento de la retención de la pensión alimenticia, la AFC transferirá al empleador el total de la prestación a la que tenga derecho ese trabajador con cargo a su seguro de cesantía, para que aquella cumpla con su obligación como retenedor de dicha obligación y pague el saldo restante directamente al trabajador.
- Entrada en vigencia.
Esta norma entró en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial, es decir, el 01 de junio de 2020, salvo:
- El aumento de la base de cálculo de cotizaciones al 100%, que regirá con efecto retroactivo a la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nª 21.227, a excepción de aquellas cotizaciones que se hubieran pagado con anterioridad a su publicación.
- Normas relativas a la vigencia de los pactos de suspensión de la relación laboral de mutuo acuerdo y reducción de jornada (punto 7 del presente informe), que se entenderán vigentes desde el 06 de abril de 2020.