Las sanciones de la Inspección de Trabajo, ahora individualizadas, obligan a las empresas a ser escrupulosas en el cumplimiento de la reforma laboral.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto Ley que recoge el acuerdo alcanzado entre el Gobierno, las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME para reformar estructuralmente el mercado laboral.
En este contexto, una de las medidas clave supone la reforma del artículo 7.2 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), con lo que las infracciones que señalen los inspectores de trabajo serán individuales y no colectivas, como hasta ahora.
Fernando Vizcaíno, socio de ECIJA, ofrece su opinión sobre las implicaciones de estas nuevas medidas: «salvo la supresión del contrato por obra y servicio que ha generado discusiones en el seno de la CEOE, tras suprimir el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, pocos cambios hay respecto a la reforma del 2012. Era una herramienta muy útil para las empresas. Es posible que se reduzcan las contrataciones hasta que vean cómo funciona el nuevo contrato fijo discontinuo”.
