Protocolo para el refuerzo de la protección de los derechos de propiedad intelectual

Noticia publicada en Confilegal con la opinión de José Antonio Suárez, socio de ECIJA.

Un total de 172 dominios de Internet y 697 subdominios fueron bloqueados en 2021 para imposibilitar el acceso ilegal a millones de obras (libros, obras musicales, audiovisuales, videojuegos…) protegidas por derechos de propiedad intelectual.

El bloqueo ha sido el resultado del trabajo del Ministerio de Cultura y Deporte, a través de la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y  Cooperación, los titulares de derechos y los prestadores de servicios de internet  firmantes del Protocolo para el refuerzo de la protección de los derechos de propiedad intelectual.

El 8 de abril de 2021 los operadores de acceso a Internet en España y los representantes de los titulares de derechos de propiedad intelectual, creadores e industrias de contenidos firmaron, a propuesta del Ministerio de Cultura y  Deporte, el citado Protocolo.

Se trata de un nuevo mecanismo de autorregulación intersectorial para mejorar la eficacia de las resoluciones judiciales y administrativas autorizadas judicialmente con respecto a las páginas web infractoras de derechos.

Así, al amparo de la normativa vigente, el protocolo está permitiendo proteger más eficazmente y favorecer el desarrollo  de la oferta legal de contenidos en España, junto al resto de instrumentos  jurídicos en vigor.

BUSCAR UN ECOSISTEMA DIGITAL SANO

En 2021, el Comité técnico que representa a las partes en el Protocolo ha presentado 32 consultas con una periodicidad casi siempre semanal y ha cumplido con los requisitos de presentación de forma precisa y constante.

La respuesta por parte del Ministerio de Cultura y Deporte ha sido siempre inferior a 72 horas. En los últimos tres meses han sido muchas las ocasiones en que no se ha superado el plazo de las 36 horas para emisión de la propuesta.

Son firmantes del protocolo, por parte del sector de la cultura, la Coalición de  Creadores e Industrias de Contenidos, formada por AIE (Artistas, Intérpretes y  Ejecutantes), AEVI (Asociación Española de Videojuegos), AGEDIPROMUSICAE, SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), CEDRO  (Centro Español de Derechos Reprográficos), EGEDA (Entidad de Gestión de  Derechos de los productores Audiovisuales), FEDICINE (Federación de  Distribuidores Cinematográficos) y FGEE (Federación de Gremios de Editores  de España).

Por parte del sector de los operadores de acceso a Internet, los  miembros de la Asociación Española para la Digitalización (DigitalES), Telefónica España, Orange, Vodafone y el Grupo Masmovil, además de Eurona y el Grupo Euskaltel.

LOS CREADORES, SATISFECHOS

Desde la Coalicion de Creadores, dirigida por Carlota Navarrete, se ha venido insistiendo desde el arranque de esta iniciativa en que el protocolo ha aumentado las líneas de cooperación que comenzaron a desarrollarse desde la constitución de una mesa de trabajo para la mejora de la ejecución de las resoluciones de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual

También destaca que supone un hito al rubricar la protección de la propiedad intelectual y la lucha contra la oferta ilegal, como objetivo de este primer entendimiento y colaboración entre sectores estratégicos, y nos sitúa a la vanguardia europea en esta materia junto a países como Alemania o Dinamarca.

Entre otras medidas, se acuerda regular una respuesta global para las resoluciones judiciales y administrativas sobre páginas infractoras a sus ‘web espejo’ o réplicas, creados, bajo otros dominios o sub-dominios, para eludir la legislación vigente y las órdenes judiciales de bloqueo.

Navarrete reconoce que “falta algun operador de telecomunicación por integrarse. No están todos. Están el 98 %. Al mismo tiempo creo que deberían sumarse las agencias de medios de cara a vigilar la publicidad de estas empresas. Con esa publicidad que desarrollan viven y tienen beneficios. Todos los actores del ecosistema digital deben colaborar”.

A su juicio, esta medida favorece la consolidación de un ecosistema digital sano donde pueda desarrollarse con normalidad la oferta legal de contenidos respetuosa con los creadores, las empresas de telecomunicaciones, y que beneficie a consumidores, el empleo, la economía, la retención y atracción del talento, y en definitiva a toda la sociedad en su conjunto.

UN ACUERDO QUE LLEGA TARDE A ESPAÑA

Para José Antonio Suárez, socio del despacho ECIJA y asesor de varias entidades de gestión de derechos, “este tipo de acuerdos han llegado muy tarde a nuestro país. Los primeros se hicieron en EEUU al amparo de la ‘Digital Millenium Act’, entre los proveedores de acceso e industrias de contenidos”.

Recuerda que «en España teníamos un problema que nuestra justicia por razones procedimentales y de dotación de medios no estaba adaptada a la velocidad de las reacciones de internet. Un disco que se lanza o una película, o se actúa desde que surge la amenaza o cualquier medida judicial no impide el daño. No tiene eficacia ninguna”.

Suárez recuerda que ya se hizo una primera aproximación con la Comisión Segunda de la Propiedad Intelectual, “fue una buena idea pero no se doto del presupuesto  adecuado para tener medios. Que tuviera una plantilla de funcionarios que hiciera más ágil su trabajo”.

Respecto a este protocolo “es un paso adelante para reaccionar a la velocidad de internet. De hecho los jueces son conscientes, y hay un juzgado de resolución de Barcelona con unas medidas para bloquear, vamos tendiendo la necesidad. Es una resolución sencilla e interesante. Estamos poniendo al día para proteger las inversiones, empleo y los impuestos. Su coste sumergido sorprendería si se hiciera los cálculos”.

Para este experto, “nuestro sistema jurídico es muy garantista y a veces a los abogados nos recarga de trabajo, pero es proporcional para que nadie pueda oponerse por razones de tutela judicial o menos cabo de derecho de defensa”.

Este experto aclara que “los abogados tenemos que desarrollar herramientas tecnológicas para ser más eficientes en la gestión procesal y a nivel general. En ECIJA ya lo hemos hecho en temas administrativas para cuestiones de producción que ayuden a mejorar las estructuras de coste”.

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