La República recoge la opinión de Mariela Hernández.

En los últimos años en Europa se ha reconocido el principio de buena administración, y ha cobrado especial importancia en materia tributaria. En España, los tribunales contenciosos administrativos han señalado que ese principio está implícito en la Constitución y en el Derecho de la Unión Europea.

El deber de buena administración exige a la Administración Tributaria dar efectividad plena a las garantías y derechos de los contribuyentes, más allá que simplemente cumplir los procedimientos administrativos. Significa garantizar la necesaria protección jurídica de los obligados tributarios, en su sentido más pleno e integral, para evitar situaciones absurdas, arbitrarias y que lleven al enriquecimiento ilícito del Fisco. El poder público debe actuar en forma honesta. Así, ese principio demanda que la Administración Tributaria actúe en forma racional, justa, objetiva, coordinada y efectiva.

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