Hoy, los deudores en situación financiera comprometida, a quienes el flujo de caja no les alcanza y su único horizonte es el aumento de deuda (si consiguen quien les financie), carecen de normativa protectora que les permita salir adelante.
Las opciones se limitan a esperar la ejecución de los acreedores y trabajar con los activos no comprometidos. Muchas veces, así lo demuestra la experiencia, adoptan una posición defensiva de atrasar los juicios, aprovechándose de la mora judicial.
Las soluciones de protección que durante años brindó el sistema eran escasas: la administración y reorganización con intervención judicial y el convenio preventivo. Para accederlas, los deudores deben sortear barreras de entrada, porque en la práctica solo eran beneficiarias las empresas cuya desaparición provoca efectos sociales perniciosos, según lo defina un perito.
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