“Es un primer paso en ir modernizando la legislación laboral a las necesidades de los empresarios”, concedió Quintero.
Pero los sindicatos mantienen una oposición total a la propuesta. En noviembre de 2019, la entonces presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), APSE, Mélida Cedeño Castro, firmó una declaración de rechazo en cuyas conclusiones se lee: “Todas las iniciativas legales de flexibilidad en la duración del trabajo, que hasta la fecha se han tratado de aprobar en nuestro país –iniciativas que no son el resultado de pactos sociales ni de negociaciones colectivas como ha ocurrido en Europa— tienen la finalidad de reducir los costos laborales para lograr que las empresas sean más competitivas. La reducción de costos se obtendría al disponer de las personas trabajadoras por más tiempo, sin tener que pagar horas extraordinarias y sin tener que contratar a más personal”
Continúa leyendo en el siguiente enlace.
