Este artículo fue publicado por El Economista.
Los nuevos tiempos reclaman más que nunca un compromiso político y jurídico firme ante el desafío de la crisis ecológica que vivimos. Una crisis que demanda una respuesta concordada y colectiva, una responsabilidad compartida que se trace de forma instrumentada dentro de un marco jurídico segura y armonizado. La respuesta de la Unión Europea ha sido impulsar el desarrollo sostenible y la economía circular. Pero la transposición de los Estados miembros no siempre es ambiciosa ni rápida, siendo buen ejemplo de esto último España.
El antecedente de este viaje de transposición lo encontramos en el mes de octubre del año 2018, cuando la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental propuso una revisión puntual de la normativa de envases a través de un Proyecto de Real Decreto por el que se modificaba la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases y el Real Decreto 782/1998. Recordemos que los envases son el único flujo de residuos que no se han revisado desde la publicación de la Ley de residuos en el año 2011.
Fue en el año 2018 cuando en materia de envases se pretendieron adaptar algunos aspectos a las Directivas del 2018, en particular los relativos a los costes que debían financiarse en el marco de la responsabilidad ampliada del productor, para que los sistemas integrados de gestión financiaran a las entidades locales el coste total de la gestión de los envases recogidos selectivamente. El Ministerio señalaba así la piedra angular de la reforma europea, junto a la fijación de nuevos objetivos en materia de valorización de residuos.
