Expansión recoge la opinión de Javier López, socio de ECIJA.
Más de un 400% ha crecido en los dos últimos meses los anuncios de supuestas vacunas contra el Covid-19 en la dark web, según datos de Check Point, proveedor mundial de servicios de ciberseguridad. Y es que el deseo de conseguir, por fin, la inmunidad frente al coronavirus ha hecho que no sólo algunas personas «adelanten» su turno de vacunación en los protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad, sino también que a nivel mundial los ciberdelincuentes hayan decidido hacer el agosto en pleno invierno.
Pero, si un ciudadano accede a este mercado negro ante la desesperación por conseguir una vacuna, ¿tendría consecuencias legales? «La adquisición de medicamentos no estaría penalizado si es para consumo propio, sin perjuicio de que supone un riesgo para la salud, pero sí se estaría cometiendo el delito si se revenden a otras personas», explica Javier López, socio de ECIJA.
«La venta de la vacuna fuera de los cauces establecidos no es legal, y en el caso de que se genere un riesgo para la vida o la salud de las personas, constituiría un delito contra la salud pública sancionado con pena de prisión de seis meses a tres años, multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio de seis meses a tres años», incide el experto.
«El intento de compra y su pago podría constituir una tentativa del delito si se compra para reventa, con independencia de que nunca llegue a recibirse por estar siendo, a su vez, víctima de una estafa», explica el socio de ECIJA.
