Este artículo fue publicado por la Revista Byte IT.
Entre las muchas cuestiones que ha aflorado la pandemia está la de la capacidad de respuesta de la Administración de Justicia en casos excepcionales como el que nos ha tocado vivir. Desconozco si alguna vez ha habido alguna situación que haya justificado una decisión tan drástica como la suspensión las actuaciones judiciales para evitar el colapso de los juzgados, pero no cabe duda de que se trata de una medida extraordinaria, por las consecuencias que implica a nivel social la paralización del sistema para la resolución de conflictos establecido por las convenciones sociales de las que nos hemos dotado.
La realidad es que la configuración prácticamente off line y presencial establecida para la tramitación de procedimientos ha motivado que el confinamiento decretado por el Estado de Alarma, que también ha afectado a jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, abogados, procuradores, etc., haya obligado a la paralización de todos los órganos judiciales.
