Por qué a los emprendedores no les sirve esta ley de start up

Noticia publicada en Expansión con la opinión de Cristina Villasante, socia de ECIJA.

Los distintos agentes del ecosistema emprendedor reciben con agrado el inicio de la tramitación de una norma muy esperada, pero echan en falta medidas de calado que se traduzcan en un impacto real sobre el sector.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el anteproyecto de la futura ley de start up, dando inicio así a la tramitación de una norma muy esperada por el sector. La reacción del ecosistema es prácticamente unánime: por fin se da forma a un texto que reconocerá el carácter específico de las start up, pero apenas unas pocas medidas de este primer borrador tienen un impacto real sobre estas empresas. No obstante, tanto emprendedores como inversores consideran que el impulso a esta ley es positivo y confían en que su contenido podrá mejorarse durante el trámite de audiencia pública.

Han pasado casi tres años desde que Pedro Sánchez habló por primera vez sobre la creación de una ley de start up, en el South Summit de 2018. La inestabilidad política de los años posteriores frenó este proyecto, que el presidente volvió a retomar en el pasado febrero. Entonces, Sánchez declaró que llevaría la ley al Consejo de Ministros «en cuestión de semanas». Cuando parecía que la cosa volvía a enredarse, finalmente se ha dado un paso clave con la aprobación del anteproyecto.

En este tiempo también se han sucedido los cambios de puertas hacia dentro entre los principales responsables de impulsar esta ley. Francisco Polo dejó su posición como secretario de Estado de Avance Digital para acabar estrenando un puesto que depende directamente del presidente: Alto Comisionado para España Nación Emprendedora. Por su parte, Carme Artigas desempeña ahora la función de secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dentro del Ministerio de Economía.

En los últimos meses, ambas partes han dedicado tiempo a escuchar las demandas de los distintos actores del ecosistema.

Los representantes del sector valoran esta predisposición, aunque no acaban de ver reflejadas sus reivindicaciones en un texto que ya se somete a audiencia pública hasta el próximo 21 de julio, un periodo en el que podrá recibir aportaciones para su mejora. La norma deberá coordinarse con la futura Ley de Crecimiento Empresarial que prepara Economía para impulsar el crecimiento de las pymes, y que también se llevará este mes a trámite público.

La visión del sector

«Nos habían consultado antes para conocer nuestra opinión y, aunque este texto supone un pequeño paso adelante, hay mucho que mejorar. Espero que podamos hacerlo de cara a la versión final», comenta Carlos Blanco, fundador de Encomenda VC y Nuclio.

Por su parte, David Miranda, socio de Osborne Clarke, cree que «esta versión es decepcionante, teniendo en cuenta que esta ley se viene anticipando desde 2018: las medidas se quedan cortas y se percibe falta de ambición«.

En la misma línea, Marcos Alves, socio de Luda Farma, matiza que «no teníamos nada y hoy ya tenemos algo, aunque no es lo que solicitábamos y es poca cosa para impactar en el mercado. Con esta versión de la ley, España no se va a meter en la Unión Europea como un país verdaderamente emprendedor. En cualquier caso, hay argumentos que invitan al optimismo».

A Javier Jiménez, director general de Lanzadera, lo que más le gusta es que por fin se haya creado una norma y se reconozcan las particularidades de las start up. «Aunque sea insuficiente, servirá como punto de partida para futuras mejoras«. En la misma línea, Carina Szpilka, cofundadora de K Fund, coincide en que «hacemos una valoración positiva del anteproyecto como base para construir, si bien existe el riesgo de pensar que ya es suficiente. No podemos perder esta oportunidad para transformar la economía española para que sea más competitiva«.

María Benjumea, CEO y fundadora de Spain Startup-South Summit, resalta que «después de mucho tiempo, se han puesto sobre la mesa cuestiones muy importantes relacionadas con la atracción de talento e inversión«. La capacidad de diálogo que tenga el Gobierno con el sector en los próximos meses determinará el resultado final. Benjumea confía en que «todos los actores del ecosistema participemos de forma conjunta en la consulta pública para demostrar que esto no impacta sólo en el sector, sino sobre la economía en general».

Yago Arbeloa, fundador de Hello Media y business angel, recuerda que «llevamos muchos años pidiendo que se aborden problemas a los que hasta ahora nadie había metido mano, y este es un buen comienzo. Las medidas deberían haber sido un poco más agresivas, pero es una oportunidad perdida, aunque veo el vaso medio lleno a pesar de todo«.

Una opinión similar traslada Carlos Mateo, presidente de la Asociación Española de Startups, que manifiesta que «la música suena bien, pero creemos que hay que ser más ambicioso en las medidas para que la norma esté a la altura del talento de nuestros emprendedores y del ecosistema«.

Qué es una ‘start up’

Como el sector ha reivindicado durante mucho tiempo, el borrador da el paso de reconocer la singularidad del modelo de start up. Sin embargo, lo hace de forma un tanto polémica. Así, el concepto de empresa emergente se acota a aquellas que tienen su sede social y más de la mitad de su plantilla en España, menos de cinco años de vida -siete en el caso de las biotecnológicas, energéticas e industriales-, carácter innovador, una facturación anual inferior a los 5 millones de euros y no son sociedades cotizadas ni distribuyen dividendos.

Como señala David Miranda, numerosas start up referentes en el ecosistema español como Glovo, Cabify y Wallapop quedarían fuera de esta definición. Enisa acreditará el carácter innovador de las compañías, mientras que los emprendedores deberán acreditar en el Registro Mercantil que la empresa cumple el resto de requisitos, condición ineludible para acogerse a los beneficios que ofrece esta ley.

Cristina Villasante, socia de Ecija y experta en asesoramiento de start up, advierte que el anteproyecto no termina de ajustarse a las particularidades de las empresas emergentes. La abogada considera que «el cumplimiento de las condiciones requeridas para su consideración como tal no será fácil para muchas de ellas». Aunque cree necesario afinar limitaciones como los cinco años de vida y los 5 millones de facturación, Villasante señala que la norma llega en un buen momento por el contexto propicio en el que se apuesta por la digitalización y el valor de las empresas tecnológicas.

Además de valorar el reconocimiento de las particularidades de las start up por parte del Gobierno, Lupina Iturriaga, CEO y fundadora de Fintonic, considera la norma como «un buen punto de partida», pero comparte la opinión de que «puede quedarse corta para start up en fase de crecimiento: no debemos perder de vista la importancia de ayudar a las compañías tanto en su creación, como en sus distintas etapas«.

Atracción del talento

Varias medidas se centran en la atracción de talento a España, uno de los objetivos centrales de la norma. Se da un pequeño paso en lo referente a las stock options, con un incremento del mínimo exento anual desde los 12000 hasta los 45.000 euros. Rebeca Minguela, CEO y fundadora de Clarity AI, opina que «nos parece muy poco ambicioso ya que es una de las principales fíórmulas que tienen estas compañías para atraer talento«.

Además, se permite que la empresa adquiera de forma voluntaria sus propias participaciones en autocartera, para activar planes de stock options. Javier Jiménez piensa que «esto no soluciona nada porque seguirán tributando como renta del trabajo, aun sabiendo que el trabajador lo único que tiene son papelitos, es decir, se tributa por tener la opción de compra sin que esta se haya materializado».

Yago Arbeloa hace hincapié en que «al entregar acciones se califican como renta del trabajo que tributan al tipo marginal. Hay que trabajar más el impacto y el tipo impositivo que se tiene como trabajador». Asimismo, Alves considera que «se ha dado un paso pero no se toca la tributación, que es lo más importante, y esto no motiva a usar las stock options para captar talento».

Una medida muy bien recibida por emprendedores e inversores es el lanzamiento de un nuevo tipo de visado para atraer a España a los denominados nómadas digitales, teletrabajadores de grandes multinacionales extranjeras desplazados al territorio español. Estos podrán someterse al Impuesto sobre la Renta de No Residentes, se relaja el requisito de no ser residente fiscal en España de diez a cinco años y se amplía el periodo de su disfrute de 5 a 10 años, de lo que podrá beneficiarse su familia.

Con el mismo fin de atraer a profesionales cualificados, el borrador contiene mejoras en el régimen del IRPF para incentivar su llegada. No se indican cambios en los tipos, pero sí se mejoran las condiciones de acceso y se amplía a las familias. Minguela estima que «es un buen incentivo fiscal pero no me parece el modo óptimo de captar talento de fuera». La emprendedora pone el foco en el mayor impulso de la colaboración público-privada como un gancho esencial para que profesionales extranjeros cualificados quieran venir a trabajar a España.

Emprendedores en serie

Uno de los puntos del anteproyecto que más incredulidad genera en el ecosistema es la afirmación de que «no se entenderá que una empresa es de nueva creación cuando alguno de sus fundadores lo hubiera sido de una primera o segunda empresa emergente que se hubieran beneficiado de esta ley, aunque hubieran perdido esa condición por extinción prematura de la sociedad». En cambio, en la exposición de motivos se indica que «si el primer intento fracasa, como es característico en proyectos de alto riesgo, pueden volver a aplicarse los incentivos de esta ley a una segunda empresa constituida por los mismos fundadores».

Elena Gómez del Pozuelo, presidenta de Womenalia y fundadora de start up como BebédeParís, hace énfasis en que «no tendría sentido que un emprendedor sólo pudiera acceder una vez en su vida a estas ventajas, cuando en todos los países se busca que crezcan los emprendedores en serie«. Carlos Mateo comparte que «hay que entender el emprendimiento como una carrera y la figura del emprendedor en serie es uno de los cimientos más robustos del ecosistema».

Fomento de la inversión

Otra medida que los inversores valoran de forma positiva es la mejora de los incentivos fiscales para business angels. Se eleva de 60.000 a 100.000 euros al año la base máxima de deducción en el IRPF por inversión en empresas emergentes, así como el porcentaje de deducción y el periodo. Elena Gómez del Pozuelo señala que «esta medida es muy positiva y animará a business angels a invertir en start up, aunque aún puede ampliarse más».

Además, se simplifican trámites burocráticos que ayudan a agilizar las inversiones. Por ejemplo, ya no será necesario que los inversores internacionales obtengan el número de identificación de extranjeros (NIE), dado que bastará con el número de identificación fiscal (NIF).

Aunque se incluyen avances para los inversores particulares, Carlos Blanco echa en falta mejoras en la fiscalidad del capital riesgo. En España, el carried interest -beneficio que se reparten los gestores de fondos al completar una desinversión- tributa como rendimientos del trabajo y no como rentas del capital mobiliario en el IRPF. Blanco destaca que «es necesario cambiar esto para que sea igual de atractivo invertir en España que en otros países europeos». Miranda se muestra de acuerdo en este punto y agrega que «si queremos crear un ecosistema emprendedor, resulta fundamental que se genere también un ecosistema inversor».

Por último y como elemento adicional, Carina Szpilka puntualiza que en el borrador «se introducen aspectos relacionados con la compra pública, algo muy interesante. Si en su proceso de digitalización, la administración comienza a plantearse hacer cosas con start up puede resultar muy beneficioso para el ecosistema».