Cientos de empresas aragonesas reclaman impuestos y pérdidas del estado de alarma
Noticia publicada en Heraldo sobre la acción judicial en defensa de Hostelería.
Cientos de empresas aragonesas entre bares, restaurantes, locales de ocio nocturno, salones recreativos o gimnasios recurrirán a la vía judicial para reclamar las pérdidas registradas durante el primer estado de alarma y los meses de restricciones. También pedirán que se les devuelvan los impuestos cobrados durante el confinamiento y las etapas posteriores, en las que no pudieron desarrollar plenamente su actividad. A su favor, varias sentencias: las del Tribunal Constitucional, que ha declarado inconstitucional tanto el primer estado de alarma como el segundo, y las de los jueces de Valencia, Alicante o Badajoz, que han comenzado a exigir a los consistorios la devolución del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) cobrado durante los meses de aislamiento y los periodos de limitación de horarios y aforos.
Los magistrados consideran que, si no hubo actividad, esta no puede ser gravada, y la propia ley que regula el estado de alarma dice que quienes sufran daños o perjuicios de forma directa o indirecta por actos que no les sean imputables «tendrán derecho a ser indemnizados». Estos dos aspectos dan esperanzas a los afectados, que están dispuestos a agotar «todas las vías» a su alcance.
Pese a ser conscientes de que el proceso será largo y costoso –el TSJA no tiene un plazo para pronunciarse y posteriormente cabría opción de recurso– creen tener las de ganar. Especialmente teniendo en cuenta que el Estado ha tenido que devolver las multas del primer estado de alarma y paralizar los expedientes en curso.
Despachos como Écija Abogados ultiman cientos de recursos contenciosos-administrativos. Los primeros se presentarán ya a finales de este mes, «una vez recabados todos los poderes», según explicó la letrada Cristina Llop. Se trata de un paso más respecto a las reclamaciones patrimoniales presentadas a lo largo de 2021, que no han recibido respuesta. «Han pasado los seis meses de plazo y no ha habido resolución expresa», manifestó.
Los empresarios actuaron por esta vía contra el Gobierno de España y el de Aragón, y aunque sus escritos fueron admitidos a trámite, nada más han sabido por parte de las administraciones. Este, en todo caso, no es el único frente abierto. Los hoteles han presentado alegaciones al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), según confirmaron desde la asociación que los agrupa en Zaragoza. El colectivo cree que las administraciones también tendrían que haber tenido «más sensibilidad» y no haber pasado el recibo del IAE, dado que «cuando se levantó el cierre siguió habiendo restricciones a la actividad».
«La situación aún es crítica»
Hace un año, municipios como Zaragoza aprobaron bonificaciones del 30% en el IBI. El problema, explicaron los afectados, es que «casi todas las ayudas que se han dado han sido referidas a 2020, y no a 2021», un año que también estuvo marcado por las consecuencias de la covid-19.
La situación, en muchos casos, sigue siendo «crítica», ya que no se espera que la actividad se reactive al menos hasta abril. «La crisis no ha terminado. Este año estamos un 60% por debajo de los registros habituales. La covid está erosionando nuestra capacidad de ser sostenibles, hace que seamos menos competitivos. Todas las consideraciones que se puedan tener con el sector son necesarias», aseguraron.
La Asociación de Empresarios de Salones de Juegos de Aragón (AESA), por su parte, confirma que hay socios que ya han acudido al juez para reclamar el IAE, y que otros están «en proceso». «Ha habido personas que han tenido que ir al banco a pedir créditos o aplazamientos para seguir adelante. Hay factores que nos han impedido trabajar con normalidad. Con las tasas, al ser un impuesto directo, pasa lo mismo. No se nos puede pedir que recaudemos un tributo si no se nos dan las herramientas para hacerlo. No tiene ningún sentido que nos las cobren», afirmó Jesús Tremosa, vicepresidente de AESA.
Cada socio actuará «a título particular», ya que las diferentes restricciones que se impusieron en Aragón durante las primeras olas tuvieron «distinto alcance» en las tres provincias, lo que hace las cantidades reclamadas no sean «simétricas» y varíen en función del municipio.