El juzgado número 1 de lo contencioso-administrativo de Oviedo dictó el pasado año un fallo pionero en el que se explicaba con un lenguaje sencillo a un hombre con un 65% de discapacidad el resultado de sus recursos ante las resoluciones de la Jefatura Provincial de Tráfico en varios expedientes sancionadores.
Aunque se trata de un caso muy poco común, es cierto que tanto las leyes como diferentes sentencias han ido aclarando cuáles son los límites al lenguaje enrevesado, falto de sencillez y, en ocasiones, oscuro en los documentos legales. La tendencia es clara y, por ejemplo, obliga a quien redacta una cláusula a que ésta sea entendida por el consumidor y no sólo por su abogado para no ser considerada como abusiva.
Pero no sólo los jueces están poniendo fin a estas prácticas. «Desde un punto de vista legislativo, existe desde hace unos años también un refuerzo de la obligación de redactar textos jurídicos claros, que observamos, por ejemplo, en el RGPD, que habla directamente de lenguaje claro y sencillo en su artículo 7, para quienes soliciten el consentimiento del interesado, a riesgo de considerarse obtenido de forma ilícita por la autoridad de protección de datos», explica Diego de la Vega, abogado de propiedad intelectual y tecnologías de la información de Ecija, que también recuerda la directiva PSD2, que en los medios de pago habla de información en términos fácilmente comprensibles, de manera clara y legible, establecido como una obligación, «cuyo incumplimiento está sometido no sólo a la posibilidad de nulidad por los tribunales, sino en un paso previo a una multa por el regulador sectorial», indica el abogado de ECIJA. Precisamente, este bufete junto a la consultora Prodigioso Volcán han elaborado el informe El derecho a entender la información jurídica.
«Se hace patente la necesidad por parte de las empresas de aplicar metodologías de comunicación clara con el fin de proteger, en primer lugar, a sus consumidores y usuarios y, en segundo, la reputación y buen nombre de las propias compañías», subraya Alejandro Touriño, socio director de ECIJA, firme defensor del legal design, que facilita establecer una estrategia de comunicación global, que «va más allá de crear documentos fáciles de entender».
