Sala de Prensa

5 agosto, 2020

Este artículo fue publicado en Legal Today.

Las medidas adoptadas en los últimos años para paliar esta situación han resultado manifiestamente ineficaces, por lo que se deben buscar alternativas para que los propietarios no vean atacados sus derechos impunemente.

Asistimos actualmente al incremento exponencial de la ocupación de viviendas, sin que la nadie ponga freno ni de solución alguna al problema.

Entiendo que urge una nueva modificación de la ley que persiga estas conductas de manera más eficaz y con consecuencias reales para los infractores, con el fin de evitar que  las personas que deciden okupar ilegalmente una vivienda salgan indemnes directamente a okupar otra.

Hay una creencia generalizada de que para el okupa no hay consecuencias, de que esta conducta antisocial y antijurídica queda sin castigo. Y quizás no es solo una creencia.

Nos encontramos en un Estado de Derecho y tenemos la obligación de velar por los derechos de todos los ciudadanos, y no puede prevalecer el derecho del que usa y abusa del mismo.

No estamos hablando de un movimiento okupa de necesidad social pura, no, estamos hablando de auténticos profesionales de la ocupación que se valen de subterfugios jurídicos y de las garantías del propio Estado de Derecho para hacerse, durante un tiempo, con lo que no es suyo.

Se están dando situaciones tan paradójicas como injustas, como que el legítimo propietario esté pagando la hipoteca de su vivienda en la que no reside o de la que se ha marchado temporalmente y en la que se meten ilegalmente otras personas y ni la administración ni los jueces dan solución inmediata a esta situación.

El derecho de propiedad es un derecho reconocido constitucionalmente, y no puede estar por encima del derecho a una vivienda digna, cuando lo que se pretende es usurpar mediante la ocupación, violenta o no, el uso de esa vivienda. La inviolabilidad de la vivienda es un derecho fundamental, pero no puede ser la bandera utilizada por quien no tiene derecho a permanecer en la misma y así lo ha declarado el Tribunal Constitucional.

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