Un auto judicial podría permitir a LaLiga demandar a los usuarios que se descarguen o vean partidos de forma ilegal
Artículo de Economist & Jurist con la opinión de Daniel López.
La lucha contra la piratería en España podría entrar en un escenario clave. El auto del Juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona, del magistrado Javier Ramos De La Peña, con fecha del pasado 13 de febrero, permite identificar a los usuarios piratas y sancionarles por usar IPTV para ver fútbol pirata.
Daniel López, socio del área de tecnología, medios y telecomunicaciones, y protección de datos y privacidad de ECIJA, aclara a Economist & Jurist el contenido de dicho auto, subrayando que “estamos en unas diligencias preliminares y una parte, que es la Liga de Fútbol Profesional, le pide al juez que identifique a aquellos usuarios que redistribuyen esa señal televisiva a otros consumidores mediante el llamado cardsharing”.
Para este jurista, “estamos en los inicios de una acción judicial de la que no sabemos su repercusión. Tampoco sabemos si va a prosperar realmente. Aunque LaLiga le pide al juzgado que reclame a las telecos cierta información; habrá que ver cómo se vertebra. Eso no implica que tenga que otorgar toda la información de sus clientes y que tengan que monitorizarse”.
Al final, “el objetivo son aquellos clientes que comparten su conexión con otros como una forma de redistribuir contenidos, para que otros se conecten. Es una tipología muy concreta. Ya una circular sobre la fiscalía fue contra quienes hacían esa distribución de contenidos y aplicaciones. Con ese auto, el juez quiere identificar a dichos usuarios y tomar acciones”.
En el auto, “se deja fuera a los consumidores de buena fe que no logran un lucro económico con dicha medida. Ya pasó hace meses con la hostelería, porque quien había hackeado el canal de fútbol tenía un beneficio, ya que llenaba su local con consumidores. Esto es lo que dice el auto en la fase procesal en la que estamos. Se va contra estos consumidores que infringen los derechos de propiedad intelectual”.
La iniciativa es pionera a nivel europeo. “Tiene también una variable relacionada con la protección de datos. Aquí lo que se traslada a los grandes operadores es para que identifiquen las direcciones IP de dichos consumidores. Desde ese punto de vista, la legitimación de dar esos datos está en que un juez lo pida y se hace la comunicación al juzgado. Esos datos no se facilitan a LaLiga ni a cualquiera. Eso dice la normativa de protección de datos”, explica.
Otra cuestión es que la medida sea proporcional. Una sentencia del TJUE señala que para dar esa información, la medida debe ser proporcional, justificada y que no sea abusiva. No descartemos que los operadores se opongan por considerar la medida desproporcionada.
