«La economía colaborativa desde la óptica de la competencia desleal», artículo de Alejandro Touriño, socio de ECIJA, para Wolters Kluwer – La Ley.
Compartir. Ésa es la clave para entender el porqué del éxito de la economía colaborativa, un nuevo mercado que ha supuesto una revolución en la forma de entender los servicios, ahora prestados por particulares, apoyándose en Internet y las nuevas tecnologías. Sin duda, la crisis económica ha fomentado este cambio de mentalidad en el que poseer ya no es necesario. Una forma de consumir que demuestra el cambio y la apuesta por la innovación de una sociedad que cada vez demanda más servicios basados en la libre competencia. ¿Es esto último una utopía? ¿Suponen nuestros órdenes legislativos un freno o un impulso a esta economía disruptiva? El presente documento analiza los pronunciamientos judiciales existentes en España sobre la materia.
La revista Forbes, en su edición digital para el mercado hispanohablante, publicaba no hace demasiado tiempo una pieza titulada «la economía colaborativa» en la que abordaba el fenómeno de la revolución digital y cómo éste está transformando la economía moderna. Se refería el medio a la economía colaborativa como la punta de lanza de esa nueva economía digital y recurría la publicación, al objeto de conceptualizar el término de economía colaborativa, a la propia Wikipedia (no en vano, un gran ejemplo de sitio colaborativo). Afirmaba el medio norteamericano que la definición más precisa del término es precisamente la que hallamos en la enciclopedia abierta: «un sistema económico en el que se comparten e intercambian bienes y servicios a través de plataformas digitales». Desde choferes privados y tintorerías hasta empleadas del hogar y alojamiento, todo puede ser intercambiado y compartido en la economía colaborativa.
Siguiendo el fenomenal ejemplo propuesto por Brian Chesky, fundador y CEO de Airbnb, en Estados Unidos existen aproximadamente unos 80 millones de taladros domésticos, cada uno de los cuales tiene un uso medio de unos 13 minutos a lo largo de su vida útil. Siendo esto así, ¿realmente necesitamos tener un taladro en propiedad? ¿no resultaría económicamente más rentable pagar por su uso cuando realmente necesitemos ese utensilio? ¿Y si trasladamos lo anterior al campo de la movilidad? Un coche se pasa de media más de un 95% de su tiempo estacionado. Sólo en España existen 29 millones de coches, de los cuales 5 millones apenas salen del garaje. Adicionalmente, en España se calculan unos 100 millones de asientos de coche vacíos al día. ¿Estamos siendo realmente eficientes en la asignación de los recursos existentes y en el respeto al medio ambiente?
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