La Directiva europea también blinda a los trabajadores que comuniquen irregularidades en su compañía.
La próxima semana está previsto que el Consejo de la UE dé el visto bueno definitivo a una norma que pretende ser clave en la lucha contra la corrupción pública y privada: la directiva de protección al denunciante (o whistleblower). El texto, que deberá ser traspuesto antes dos años, introduce dos grandes novedades en el ordenamiento. En primer lugar, obliga a que las compañías y las Administraciones y entidades públicas implanten procedimientos internos para la recepción y el estudio de denuncias de irregularidades. En segundo término, establece una serie de medidas de salvaguarda y blindaje para quien comunique tales infracciones.

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