Este artículo fue publicado por Byte IT.
Si sumamos el inicio de una crisis económica que impactará prácticamente a todos los sectores de actividad, al proceso de digitalización que está atravesando forzosamente tanto el sector público como privado, el resultado lógico de la ecuación será el aumento exponencial del riesgo de que se produzcan ataques informáticos, fraudes basados en el uso de las tecnologías, así como todo tipo de estafas informáticas.
En los últimos días, las empresas y los organismos públicos que deben seguir prestando servicios a los ciudadanos, se han propuesto agilizar sus procesos de digitalización en tiempo record. Ahora, más que nunca, nos hemos enfrentado de golpe a una realidad a la que se venían refiriendo los expertos desde hace años: las empresas (en todos los sectores) o son digitales o no serán.
La digitalización de las empresas conlleva necesariamente la aparición de nuevos retos en la lucha contra el fraude. Si la mayoría de las comunicaciones y transacciones entre proveedores y clientes, o ciudadanos y administración se producen en un entorno digital es obvio que la mayoría de los fraudes en un futuro próximo se producirán igualmente en un entorno digital.