Sala de Prensa

28 abril, 2020

Este artículo fue publicado por Economist & Jurist

Uno de los elementos que caracteriza el mundo actual es la facilidad existente a la hora de acceder a la información, a través de cualquier medio; redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram, periódicos y revistas, y de cualquier dispositivo smartphones, tablets, ordenadores y televisores, e incluso asistentes personales como Alexa o Google Home.

La instantaneidad en el acceso a la información y la enorme diversidad de fuentes, ha supuesto lo que ha venido a denominarse “Infoxicación”, pues ha habido un incremento exponencial respecto de la difusión de informaciones imprecisas, engañosas o directamente falsas respecto de temáticas, la mayoría de las cuales son de absoluta actualidad. No es una cuestión nueva, el consumo masivo de contenidos online fomenta la proliferación de las fake news, que pueden extenderse por todo el planeta en cuestión de minutos.

“La finalidad última siempre suele ser la misma: generar desinformación a través de noticias que hacen hincapié en el sensacionalismo o creencias personales”

La finalidad última siempre suele ser la misma: generar desinformación a través de noticias que hacen hincapié en el sensacionalismo o creencias personales para conseguir objetivos tendentes a modificar las acciones que puedan tomar los consumidores de esta información. Si lo definiéramos de forma políticamente correcta, podríamos hablar de “posverdad”, es decir, de una alteración intencional de la realidad a través de la manipulación, invención u ocultación de los hechos objetivos para desencadenar acciones, omisiones u opiniones basadas en las emociones de los ciudadanos.

La preocupación colectiva respecto de la proliferación de las fake news ha provocado una reacción por parte de los estados democráticos. España, Singapur o Alemania son países que han ido adoptando acciones, con más o menos éxito, pero que en todos los casos tienen la necesidad de replantearse ante la potencial vulneración que suponen las mismas de derechos fundamentales.

A nivel europeo, se puede destacar la aprobación, en 2018, de un Plan de Acción contra la Desinformación basado en cuatro pilares.

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María González