Lo ha anunciado la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carmen Artigas, que se recupera la iniciativa de dotar al sector de las “startups” de una ley marco. Esta normativa estará incluida en la estrategia global España digital 2025 que acaba de presentarse en los últimos días.
Leticia Domínguez , socia de Corporate y Emprendimiento y Carolina Garcia, Manager de IP/IT, ambas del despacho ECIJA, consideran que el régimen jurídico actualmente aplicable a las startups no tiene en cuenta las particularidades de estos nuevos modelos de negocio e impone requisitos excesivamente gravosos.
Para estas expertas “es importante desarrollar un estatuto que responda a las necesidades reales de las startups, así como flexibilizar el cumplimiento de normativas que están pensadas para empresas ya establecidas”.
Entre otros objetivos, el marco regulatorio de la nueva ley de startups debería crear una figura jurídica ad hoc para la definición de startups, o scaleups, además debería recoger incentivos fiscales y otras ayudas o medidas de impulso a la inversión”.
También ven necesarias “medidas para la participación de las startups en instrumentos de compra pública por la administración, regular las opciones de compra sobre acciones para facilitar la contratación de perfiles profesionales de alto nivel por las startups y sobre todo promover una simplificación de cargas administrativas de modo que las startups puedan centrarse en el desarrollo de su negocio”.
Junto con ello estas juristas consideran que “además de impulsar un cambio legislativo a través de la nueva ley de startups, es importante promover una mayor coordinación de políticas públicas y estimular los programas de transferencia tecnológica para favorecer la creación de empresas emergentes con carácter estable y con el objetivo de transcender varias legislaturas”.
En cuanto a lo que necesita un emprendedor para montar su startup en nuestro país subrayan que “necesita seguir los mismos trámites que cualquier otra persona física o jurídica que desee hacerlo, sin contar con ningún tipo de procedimiento simplificado como se viene reclamando desde hace algún tiempo al Gobierno”.
“Hay que recordar que el proceso para constituir una empresa y completar el resto de trámites con el resto de organismos competentes, como seguridad social, Hacienda, etc, en España no es tan ágil y no solo eso, sino que, una vez constituida la sociedad es necesario cumplir con numerosas obligaciones de diferente índole difíciles de cumplir por un emprendedor en sus primeros momentos”, indican.
Respecto a la falta de ayudas especificas para este tipo de empresas, Domínguez y Garcia esperan que “la nueva ley de startups contemple aspectos como “incentivos fiscales a las actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica; así como en relación con las inversiones y financiación de las startups, mejora de los incentivos fiscales en el IRPF para inversores particulares y business angels que inviertan en startups”.
Otras propuestas pasarían por “incentivos a las grandes empresas para integrar la actividad de la startup en su cadena de producción de bienes y servicios; potenciar los incentivos fiscales por inversión en I+D+i en el Impuesto de Sociedades para que se perciba a las startups como vehículos de innovación, etc, incentivos en materia laboral, de Seguridad Social, y/o apoyo a la captación y fidelización del talento “.
Estas juristas advierten que “este aspecto, es interesante tener en cuenta el modelo italiano que también introdujo un extenso paquete de incentivos para el apoyo de aquellas startups o empresas emergentes con un periodo de creación inferior a 5 años”.
A ese respecto se pedían “ingresos anuales inferiores a 5 millones de euros y que acreditasen suficientemente su base tecnológica (a través del gasto en I+D, la titularidad de una patente o software y/o la cualificación profesional de los integrantes del equipo fundador), pudiendo inscribirse voluntariamente en el Registro creado al efecto”, indican.
