Expansión recoge la opinión de Cristina Llop, socia de ECIJA.

Buscar amparo en los tribunales a la ruina causada por la pandemia es la vía que algún sector empresarial del país ya ha comenzado para intentar paliar la situación. Los dueños de los bares fueron los primeros y tras ellos irán los gimnasios. Estas áreas señalan las medidas tanto del Gobierno central como de los autonómicos para luchar contra el Covid-19 como responsables de su situación.

La pandemia ha llevado a la economía española a registrar en 2020 un descenso histórico del PIB del 11%, la caída más grave desde la Guerra Civil. Sólo el sector de la restauración acabó el año con pérdidas de unos 70.000 millones y el cierre definitivo de 85.000 locales.

De hecho, la asociación Hostelería de España ha liderado esta iniciativa de mano del despacho ECIJA. La entidad ha presentado una demanda en la Audiencia Nacional contra la orden ministerial del pasado 14 de agosto que imponía medidas como las limitaciones horarias o las reducciones de aforo.

¿Se trata del germen de un posible efecto dominó de demandas a la Administración? Diversos sectores han discutido o discuten si seguir la senda abierta por estos negocios. Asociaciones de hoteles, agencias de viaje, salas de conciertos, centros comerciales o salones de juego dudan de si estas demandas tendrán recorrido procesal o caerán en saco rato, eso sí, con el consiguiente
gasto que se sumaría a su ya delicada situación financiera. Algunos han descartado este camino como, por ejemplo, salas de concierto o cines, que prefieren mantener las negociaciones. Otros, como la Asociación de Centros Comerciales (AECC) confiesa que sus integrantes han debatido sobre esta posibilidad sin llegar a un acuerdo sobre si explotar esta estrategia les aportará algo de luz. Pero casi todos los representantes consultados admiten que los contactos con los despachos de este país se han dado.

Los criterios sobre el futuro de estas demandas en el mundo jurídico son dispares y eso dificulta la decisión. Cristina Llop, socia de ECIJA, cree que reclamaciones como la de los hosteleros conseguirán el visto bueno de los jueces porque los bares se han visto perjudicados por cierres o limitaciones de aforos en favor del interés común por motivos de salud pública. “Se ha pedido a
determinados sectores que se sacrifiquen por el bien de todos y debe compensarse”, explica la abogada. Además, añade que las comunidades autónomas tienen una responsabilidad patrimonial recogida en el artículo 106 de la Constitución y que las empresas que hayan reclamado daños y perjuicios pueden obtener una respuesta positiva. No obstante, Llop evita cualquier ingenuidad y advierte que “estos procedimientos no son sencillos ni automáticos. Al contrario, son complejos y nuevos. Nos enfrentamos a un panorama desconocido”. La pandemia también ha sorprendido al derecho español.