Este artículo fue publicado en la Revista Byte TI.
La tradicional protesta del campo por los bajos precios que se pagan en origen a los productores, es una de las principales causas que motivan las movilizaciones que convocan recurrentemente las organizaciones agrarias para denunciar la crisis que vive el sector, por el conflicto que tienen los agricultores y ganaderos con las cadenas de supermercados, con los grandes grupos de distribución y, en general, con la industria alimentaria.
Las administraciones públicas no son ajenas a esta cuestión y se han tomado iniciativas para coordinar la búsqueda de soluciones para paliar esta situación, como incrementar la dotación pública a los seguros agrarios, y la trasposición al Ordenamiento Jurídico español de la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario (IPN/CNMC/015/20).
De esta forma, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Ley 8/2020, de 16 de diciembre modificó la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, con la finalidad de evitar los desequilibrios en el poder de negociación entre proveedores y compradores de productos agrícolas y alimentarios, reforzando para ello la norma referente a las prácticas comerciales abusivas.
Este debate no es exclusivo de España, sino que afecta a toda la Unión Europea, donde han de conciliarse los intereses del sector primario con las exigencias ambientales incorporadas por la reforma de la PAC (Política Agrícola Común) en junio de 2013, cuyo objetivo es lograr una mejor orientación de las ayudas a los agricultores activos junto con un papel más preponderante de los aspectos medioambientales, mediante un pago específico ligado a ellos (“greening”) para lograr un sistema más sostenible.
Complementando estas medidas y mirando al futuro, la tecnología puede contribuir a lograr una explotación agrícola más eficiente y respetuosa con el Medio Ambiente. En esta línea, en septiembre de 2020, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Pontificia Academia para la Vida (Vaticano), Microsoft e IBM organizaron una Conferencia Internacional online llamada “IA, comida para todos. Diálogo y experiencias”, en el que se abordaron cuestiones como el cambio climático, el crecimiento demográfico, el agotamiento de los recursos naturales, la gestión del agua y la necesidad de conseguir la seguridad alimentaria en forma sostenible.
En efecto, la ciberagricultura puede contribuir decisivamente a crear fórmulas inclusivas y sostenibles para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población, de la misma forma que la aparición de la maquinaria agrícola permitió multiplicar el rendimiento de los cultivos y el riego por goteo supuso una auténtica revolución, que hizo posible la implantación de la agricultura en lugares donde antes hubiera sido imposible debido a la escasez de agua.
Dando un paso más, la inteligencia artificial (IA) puede aplicarse en la agricultura para la monitorización de los campos de cultivo y la realización de análisis productivos, así como en el manejo de la robótica agrícola; lo que contribuiría a optimizar las tareas de plantación y cosecha, aumentando su productividad, con lo que se lograría mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales del campo, cuya herramienta principal pasaría a ser una tablet en lugar de un azadón, así como una gestión más eficientemente y respetuosa con el Medio Ambiente.
La ciberagricultura puede contribuir decisivamente a crear fórmulas inclusivas y sostenibles para lograr la seguridad alimentaria
En esta línea existen diversas iniciativas, como el programa “Copernicus”, –inicialmente llamado “Global Monitoring for Environment and Security” (GMES)–, que es un proyecto de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Europea de Medio Ambiente de la Unión Europea, que usa la información geoespacial proporcionada por una pluralidad de satélites (“Sentinel”) y sensores localizados en estaciones terrestres, para obtener resultados que sean libremente accesibles, en especial, para la comunidad científica, con la finalidad de gestionar los efectos del cambio climático y mejorar la conservación del Medio Ambiente.
