Heraldo de Aragón recoge la opinión de Cristina Llop, socia de ECIJA.
Más de 300 hosteleros aragoneses han reclamado al Estado y al Gobierno de Aragón las pérdidas ocasionadas por el estado de alarma y las restricciones contra la covid-19 un año después de la drástica decisión adoptada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La mayoría corresponden a bares y restaurantes, pero también las hay de hoteles, salones recreativos, discotecas o gimnasios, entre otros.
Los despachos consultados coinciden en que estas reclamaciones tienen visos de prosperar. «Cuando entras en un proceso judicial siempre hay un margen sujeto a lo que decida el tribunal correspondiente, pero sin visos de prosperabilidad no nos habríamos embarcado en él», razonó Cristina Llop, de ECIJA. Este bufete ha tramitado otras cien reclamaciones de empresarios de la Comunidad, mientras que el cómputo global se sitúa en las 500 y alcanza los 30 millones de euros. «Aragón es una de las regiones que más está reclamando. Se debe, principalmente, a la existencia de autos de suspensión de medidas sanitarias previos», comentó. En su caso, las demandas se centran en los tres meses de cierre por el estado de alarma. «En cuanto presentemos esta primera oleada nos centraremos en los gobiernos autonómicos. En Aragón hay clientes muy dispuestos a reclamar», avanzó Llop.
Expansión recoge que ECIJA gestiona 500 reclamaciones.
Tal y como apunta el medio, Tabernas centenarias como Casa Alberto y Casa Alfonso se unen a la plataforma «lahosteleriadetodos.org» que ya aglutina más de 400 demandas de sociedades. Esta iniciativa se suma a las 500 demandas que el despacho ECIJA gestiona ahora mismo. Cristina Llop, socia del bufete, asegura que tienen en marcha más de 500 reclamaciones administrativas «de hostelería, pero también de salones de juego, hoteles o gimnasios».
El Confidencial hace hincapié en el plazo para demandar al Estado por los cierres del Covid-19.
El 14 de marzo no es el día inicial en el que se puede reclamar. El año de prescripción empieza a contar desde que se conoce el alcance del daño que se ha sufrido». Opinión que suscribe Cristina Llop, socia de ECIJA, que recuerda que para poder exigir una indemnización a la Administración, el afectado debe haber cuantificado el perjuicio sufrido. «Y hace 365 días, cuando se declaró el primer estado de alarma, nadie sabía cuánto iba a durar, cómo iban a afectar las restricciones, ni qué impacto tendrían. El reloj se pone en marcha cuando puedas dar una cifra de cuánto te ha supuesto todo eso», señala.
El primer paso para embarcarse en un procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración es presentar ante la misma una primera reclamación. Si esta no responde, a los seis meses el afectado ya puede tramitar una demanda ante la Justicia. «Pero te ata la cantidad que tu reclames de inicio a la Administración», advierte Llop, «o de lo contrario esta podrá alegar lo que se denomina desviación procesal, por pedir una cosa distinta a la reclamada en la vía administrativa». Y ello, señala, puede conducir a la desestimación de la demanda o a una modulación de la petición, reconduciéndola a lo inicialmente solicitado. De ahí la importancia a cuantificar bien el daño a través de una prueba pericial.
«Respecto del primer estado de alarma, aún hay tiempo para que, quien se sienta perjudicado, presente la acción oportuna contra el Estado», concluye Llop.
