¿A qué retos legislativos se enfrenta México en 2023?
Estamos por comenzar un nuevo año, dejando atrás un 2022 que fácilmente podría calificarse de convulso. Esto no fue la excepción para el ordenamiento jurídico mexicano, el cual se vio sujeto a sustanciales transformaciones. Como breve recapitulación, recordemos reformas de tanto impacto como la aprobación de las “vacaciones dignas”, que duplicaron los días de vacaciones previstos por la Ley Federal del Trabajo; la discutida reforma constitucional en materia electoral, o la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, cambios impulsados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Reformas de otro orden fueron la supresión del Horario de Verano, así como la promulgación de la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial, para incidir sobre los reglamentos de tránsito en todas las entidades federativas del país.
Naturalmente que el reordenamiento del entramado jurídico mexicano genera una mezcla de incertidumbre —así como de expectativas— frente a la transformación de las instituciones de nuestro país. El sector empresarial, más que calificar la bondad o la maldad de las reformas, debe prepararse, en primer lugar, para asegurar su propia adaptabilidad y resiliencia frente a nuevos desafíos. Esta previsión no puede ser posible sin contar con información clave con la cual trabajar. Por esta razón, nos proponemos exponer, esquemáticamente, cuáles son los retos legislativos que enfrentará México para este 2023.
Un primer reto legislativo vendrá de la normatividad que se necesitará expedir para asegurar condiciones que permitan a las empresas extranjeras radicar sus operaciones en México, dentro de esquemas de nearshoring, según se propuso en el Paquete Económico para 2023. La situación económica mundial, particularmente la pronosticada recesión económica de los Estados Unidos de América, así como los conflictos geopolíticos a nivel mundial, hacen de nuestro país un punto geográfico ideal para mantener bajos costos de producción dentro de la proximidad con nuestro vecino del norte y como punto de entrada a Centroamérica y Sudamérica. En este sentido, el Congreso de la Unión deberá concentrarse en asegurar la funcionabilidad de este tipo de proyectos empresariales, mediante la legislación, sobre todo en materias como la fiscal, la laboral y la aduanera, en un marco en el que se respete la competencia económica y la libertad comercial.
La discusión sobre la reforma electoral quedó aplazada para este próximo año, para definir los cambios a los cuales se sujetará el Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales de cada entidad federativa. Si bien parece ser que la reforma no se hará desde la Constitución, por no existir una mayoría calificada necesaria para tal efecto, lo cierto es que una reforma a nivel de leyes secundarias sí podría efectuarse, en empleo de la mayoría simple de la que goza Morena. En este sentido, más podría parecer que este partido opte por sustituir a los Consejeros del Instituto Nacional Electoral así como por impulsar nuevas leyes que alteren la operación de este organismo, sobre todo al reducir su presupuesto. No obstante, parece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que resolver las muy probables controversias constitucionales que presentarán los partidos políticos de oposición ante dichas reformas electorales. Por cierto, estará también en observación la labor que realice la nueva Presidenta de dicho órgano supremo, la Ministra Norma Lucía Peña, después de graves acusaciones y polémicas desatadas días previos a su nombramiento.
Debemos tener en consideración que cualquier cambio que repercuta sobre el Instituto Nacional Electoral, tendrá su impacto correlativo en las jornadas electorales de 2024, en las cuales se elegirá a un nuevo titular del Ejecutivo Federal, así como se renovarán todos los diputados y senadores tras finalizar la LXV Legislatura. Por esta razón es que el foco de la actividad de los legisladores, al menos hasta el mes de abril de 2023 (fecha límite para su aprobación), seguramente se concentrará en impulsar los cambios que interesen en las leyes electorales.
Por otra parte, la agenda legislativa no ha atendido temas que se esperaban desde tiempo atrás, tales como la promulgación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual se encuentra pendiente de legislarse desde la reforma constitucional aprobada en 2017. Al ser competencia del Congreso de la Unión, a nivel federal, las distintas entidades federativas no han podido asumir reformas procesales que enfrenten las problemáticas generadas por el Covid-19, por lo que es urgente que el Poder Legislativo asuma esta tarea y la lleve a término.
Lo mismo acontece con la regulación del cannabis, materia en la cual no se ha podido emitir una legislación que atienda las inquietudes de personas y actividades económicas que guardan relación con esta sustancia. La Suprema Corte de Justicia de la Unión ordenó la regulación respecto de su uso, consumo recreativo y comercialización desde 2019, por lo cual la obligación continúa pendiente, sin cumplirse; este año se verán los avances que los legisladores den a este respecto.
Numerosos son los retos que enfrentará nuestro país en este año, tanto en la dimensión de su vida institucional y democrática, como en la respuesta frente a factores externos que supongan oportunidades o amenazas para la población mexicana. Por ello es que es lógico prever una enérgica actividad legislativa que tenga como resultado numerosas reformas en muy variados tópicos, sin descartar la posibilidad de aquellas de naturaleza constitucional. En gran medida, es válido concluir que el buen abogado se caracterizará por su capacidad para anticipar cambios, así como por su versatilidad a la hora de ajustarse a ellos.
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Ricardo Chacón López-Velarde
Leonardo Brown
ECIJA México
