La Ley de Informantes llega a España: «Es imposible cumplirla sin el uso de la tecnología»
Jeannell Alfau, manager de Compliance y PBC de ECIJA, ha colaborado con El Español en un reportaje sobre la Ley de Protección al Informante que entra en vigencia hoy en España. “Es imposible cumplirla sin el uso de la tecnología”.
En el reportaje, Alfau pone el foco en las problemáticas que están afrontando las compañías e instituciones a la hora de incorporar esta ley a su estructura, entre las que se encuentra la dificultad de integrar las exigencias de dicha legislación junto a sus sistemas internos y el resto de cumplimientos de normativas sectoriales y específicas.
La abogada de Ecija precisa que la norma ‘peca’ de falta de concreción a la hora de aterrizar algunas medidas de protección y garantías a las personas que participen en calidad de perjudicados o de denunciantes.
«Esto sumado a la obligación de extender estas las garantías y mecanismos de protección no únicamente sobre los empleados de la organización, sino sobre aquellos terceros o stakeholders que vienen delimitados en su ámbito subjetivo», añade.
Asimismo, Alfau destaca el «reto tecnológico y enfatiza que «uno de los momentos más críticos» es la elección de un «partner tecnológico» que configure el sistema de información interno y permita que la organización cumpla los requisitos de la normativa en materia de anonimización y confidencialidad de las comunicaciones.
«La necesidad de adecuarse a la norma por parte de sujetos obligados con una casuística tan variada y con necesidades tan dispares ha generado una atomización de la oferta en las herramientas tecnológicas que permiten la comunicación a través de estos canales», explica.
Así, señala que hay plataformas que permiten que se genere un usuario anónimo con el que el informante podrá acceder para emitir una comunicación y apunta que son «múltiples» las herramientas tecnológicas que existen, actualmente, en el mercado enfocadas a cubrir las necesidades derivadas de las exigencias normativas en relación a la confidencialidad y en base a los requerimientos propios de cada entidad, pública o privada.
«El marco normativo de aplicación a estos sistemas de información es amplio y, por tanto, su cumplimiento y adaptación a los requerimientos y exigencias es esencial para que las entidades puedan garantizar a través de la tecnología la confidencialidad del denunciante», puntualiza.
Alfau puntualiza que estas garantías no deben ser sólo adoptadas por las plataformas tecnológicas que sirvan de base a los sistemas de información, sino en el entorno y sistemas de las propias entidades obligadas, ya que los datos «pueden encontrarse en otras ubicaciones que deberán tener el mismo nivel de seguridad y garantías de confidencialidad».