El empoderamiento a los consumidores para la transición ecológica y luchar contra el greenwashing

El Consejo y el Parlamento de la Europeo acaban de alcanzar un acuerdo provisional para empoderar a los consumidores para la transición ecológica y luchar contra el “greenwashing”.

Este acuerdo histórico trae causa de la propuesta de Directiva sobre el empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica que presentó en marzo de 2022 la Comisión. Esta propuesta es una de las iniciativas que figuran en la Nueva Agenda del Consumidor de 2020 y el Plan de Acción para la Economía Circular de 2020 de la Comisión, y da seguimiento al Pacto Verde Europeo.

Forma parte de un paquete de cuatro propuestas, junto con el Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles, la propuesta de Directiva sobre alegaciones ecológicas y la propuesta de Directiva sobre Derecho a la Reparación. Esto va de la mano con la Nueva Agenda del Consumidor de 2020, creada para proteger más eficazmente a los consumidores vulnerables en las nuevas realidades económicas impuestas por la crisis de la COVID-19 y sus probables consecuencias, y el Plan de Acción Integrado para la Economía Circular de 2020 cuya finalidad es contribuir en el avance desde la economía lineal hacia la economía circular, a través de la reducción de la cantidad de residuos producidos por habitante y el desarrollo de la economía circular para generar nuevas y diversificadas oportunidades de empleo local.

El objetivo es mejorar los derechos de los consumidores, modificando la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales y la Directiva sobre los derechos de los consumidores.

Este acuerdo actualiza la lista comunitaria en vigor de prácticas comerciales prohibidas, incorporando a ella varios hábitos de comercialización problemáticos relacionados con el greenwashing (lavado en verde) y la obsolescencia prematura de los productos. El objetivo de las nuevas normas es proteger a los consumidores de las prácticas engañosas y ayudarles a tomar mejores decisiones de compra.

Todo esto se verá reflejado en la proscripción de prácticas como las declaraciones genéricas sobre el medio ambiente, la limitación de la durabilidad de los productos, la compensación de emisiones de que un producto tiene un impacto neutro, las etiquetas de sostenibilidad no certificadas, presentar los productos como repararles pese a no serlo, incitar al usuario al consumo innecesario, etc…

Para esto se ha postulado la creación de una nueva etiqueta armonizada para una garantía ampliada, haciéndola más visible para el consumidor que en muchas ocasiones la desconoce y no sabe que todos los bienes gozan de al menos dos años de garantía en la UE. La Comisión también se encargará de diseñar una nueva etiqueta para los productores que deseen destacar la calidad de sus productos ampliando gratuitamente el periodo de garantía. Además, en tiendas o sitios web, se mostrará de forma destacada un aviso armonizado para proporcionar información sobre la garantía legal de conformidad.

Este sistema mejora la credibilidad de las etiquetas de sostenibilidad al definir los elementos clave del sistema de certificación en el que deben basarse (a menos que los establezcan las autoridades públicas), aumenta la transparencia y el seguimiento de las alegaciones relacionadas con el futuro comportamiento medioambiental e incluye las alegaciones injustas basadas en la compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero en la lista de prácticas comerciales prohibidas.

Esto implica que los comerciantes no podrán alegar que un producto tiene un impacto medioambiental neutro, menor o mejorado basándose en programas de compensación no verificados.

También servirá para aclarar la responsabilidad de los comerciantes a la hora de informar (o de no informar) sobre la obsolescencia temprana, las actualizaciones innecesarias de programas informáticos o la obligación injustificada de comprar piezas de recambio al fabricante original.

Como se ha señalado, estas prácticas se prohibirán, pero el texto transaccional deja claro que los comerciantes solo serán responsables si saben cuáles son las características de diseño que dan lugar a tales situaciones.

Ahora el Consejo y El Parlamento Europeo deben refrendar y adoptar formalmente el acuerdo provisional alcanzado. Así pues, para convertirse en ley, el acuerdo provisional tendrá que recibir ahora el visto bueno definitivo tanto del Parlamento como del Consejo. Se espera que la votación de los eurodiputados tenga lugar en noviembre. Cuando la directiva entre en vigor, la UE concederá a los Estados miembros lo que se considera un plazo razonable para adaptarse a los cambios en la legislación, con un período de transposición de 24 meses. Esperemos que pronto se convierta en norma positiva de obligado cumplimiento.