Dos funcionarias de Móstoles ganan en un juzgado de lo social un pleito por derechos fundamentales contra la exalcaldesa
Artículo de Economist & Jurist, con la participación de Carmen Gómez, asociada senior de ECIJA.
El Juzgado de lo Social número 1 de Móstoles ha condenado a la exalcaldesa socialista del municipio, Noelia Posse, a indemnizar con 7.501 euros a cada una de las dos funcionarias que cesó mientras estaba en el cargo, lo que ha supuesto, según la sentencia que ha tenido acceso Economist & Jurist y que fue comunicada a las partes, constatar la vulneración de sus derechos fundamentales.
El fallo judicial 213/2024, de 28 de junio del 2024, de 18 páginas, señala con todo detalle que la que fuera regidora del consistorio mostoleño vulneró los derechos fundamentales de las dos trabajadoras que participaron en una asamblea sindical, porque tras esa participación fueron cesadas en sus puestos. Sin embargo, esta resolución deja fuera de cualquier responsabilidad al propio Ayuntamiento mostoleño.
En la sentencia, el juez estima parcialmente la demanda de tutela de derechos fundamentales interpuesta por estas dos trabajadoras del Consistorio contra el Ayuntamiento y Noelia Posse. La compensación que se fija es por los daños morales estimados por el magistrado en esta situación.
Concretamente, en el texto de la resolución se indica que “las dos funcionarias estuvieron afiliadas a UGT, en ese momento de afiliación el Ayuntamiento llega a un acuerdo con la plataforma de interinos para llevar al pleno llevarles fijos. Sin embargo, la que fuera alcaldesa, Nuria Posse, nunca lo llevó al pleno. La plataforma con el sindicato se plantea negociar o meter un pleito. El sindicato mantiene la negociación y estas personas dejaron el sindicato y en la última asamblea señalan que se reclame al Ayuntamiento, lo que generó su cese posterior”.
Según explica Carmen Gómez, asociada senior de Ecija y abogada laboralista que se ha encargado de defender a estas funcionarias, las demandantes interpusieron una demanda por vulneración de derechos fundamentales alegando que sufrieron una represalia por su participación en la Asamblea de afiliados del sindicato UGT de 6 de mayo de 2021, cesando en sus funciones como administrativa y secretaria.