Centralización de la transparencia: un riesgo para la protección de datos y acceso a la información
Por Andrea Chávez, Desirée Matamoros, Fernando Poo, y Berenice Sagaón
En el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, se busca sensibilizar sobre la importancia de salvaguardar este derecho fundamental a nivel internacional. En el marco de esta conmemoración, es importante analizar el contexto actual en México tras la publicación, el 20 de diciembre de 2024, del decreto que eliminó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La importancia del INAI como Órgano Constitucional Autónomo (OCA) radica en su creación de naturaleza constitucional, independiente de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sus características principales son la autonomía funcional, financiera y técnica; facultades específicas para cumplir el objetivo especializado para el cual fue creado; y la garantía de no subordinación a otros poderes del Estado, que, en temas de transparencia, suelen ser los principales sujetos de las solicitudes de acceso a la información.
A raíz del decreto, las funciones del INAI se trasladan al Poder Ejecutivo, lo que genera riesgos significativos para la imparcialidad de la información, la rendición de cuentas y la protección de derechos fundamentales como el acceso a la información, la privacidad y la autodeterminación informativa. La concentración de estas atribuciones en una entidad dependiente del Ejecutivo podría favorecer decisiones sesgadas, debilitando sustancialmente los mecanismos de transparencia en la gestión pública y comprometiendo principios esenciales como la libertad de expresión. Sin estas garantías, se dificulta la consolidación de gobiernos e instituciones que promuevan un Estado de derecho plenamente alineado con el ejercicio efectivo de los derechos humanos.
Este cambio reduce la independencia necesaria para salvaguardar principios esenciales en una democracia, afectando la consolidación de instituciones alineadas con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. A pesar de ello, se ha determinado que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (antes Secretaría de la Función Pública) asumirá las responsabilidades del INAI mediante dos instancias principales: la Dirección General de Plataformas para la Integridad y Transparencia, encargada de las facultades relacionadas con el acceso a la información, y la Dirección General de Transparencia, enfocada en la gestión de solicitudes de información y atención de recursos de revisión. Sin embargo, aún no se cuenta con una estructura organizativa claramente definida.
Como parte de esta transición, la titular de la Secretaría se reunió con el Pleno del INAI para discutir sobre una transferencia de funciones ordenada, eficiente y conforme a la ley. En la reunión se destacó la necesidad de implementar validadores criptográficos para proteger la seguridad e integridad de la Plataforma Nacional de Transparencia, herramienta clave para el acceso a la información y la rendición de cuentas. Sin embargo, aún no se ha definido un plan integral de transferencia ni el plazo para su ejecución.
La desaparición del INAI como entidad autónoma y la centralización de sus funciones en otros órganos gubernamentales plantea un desafío profundo para la protección de datos personales y la transparencia en México. Esta reconfiguración puede comprometer la imparcialidad y la independencia necesarias para garantizar un verdadero acceso a la información y la defensa de la privacidad de los ciudadanos. Si bien el marco legal sigue siendo relevante, el cambio estructural requiere una vigilancia constante, tanto por parte de los actores sociales como de los empresariales.
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