Impacto de la Reforma Energética en Materia de Sostenibilidad
Por Carlos del Razo
Con la entrada en vigor del nuevo marco legal en materia energética, se perfilan cambios estructurales importantes que pretenden consolidar la autosuficiencia energética del país bajo principios de sostenibilidad, justicia energética y desarrollo económico. Esta reforma incorpora una visión integral que abarca aspectos técnicos, regulatorios y también compromisos internacionales en materia de medio ambiente, derechos humanos y responsabilidad social.
Instrumentos regulatorios en desarrollo
La implementación efectiva de esta reforma requiere la emisión de diversos reglamentos y disposiciones administrativas. Entre los más relevantes se encuentran:
- Reglamento Interior de la Secretaría de Energía (SENER), cuya restructuración será necesaria ante la incorporación de la Comisión Nacional de Energía (CNE) como órgano desconcentrado.
- Reglamentos específicos para la nueva CNE (cuya publicación debe darse en un plazo de 90 días contados a partir del día siguiente a la entrada en vigor de la Ley); la Ley del Sector Hidrocarburos, la Ley del Sector Eléctrico, la Ley de la Empresa Pública del Estado y la Ley General de Energía, así como la Ley de Biocombustibles y la de Planeación Estratégica, con plazos de emisión de hasta 180 días.
- Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG) en temas clave como la migración de ciertos permisos como son los de autoabastecimiento, la planeación vinculante, nuevos porcentajes de Certificados de Energía Limpia (CELs) y criterios de porteo estampilla, por mencionar algunos.
Asimismo, la integración de los Consejos de Administración de CFE y PEMEX deberá completarse conforme a los plazos establecidos. Para la CFE, se deben designar dos consejeros independientes y para PEMEX, tres, en ambos casos sujetos a ratificación por el Senado, con posibilidad de designación directa por parte del Ejecutivo Federal en caso de rechazo reiterado.
Vinculación con compromisos internacionales
En materia ambiental, la reforma reconoce explícitamente la necesidad de promover la transición energética y mantener las metas de energías limpias establecidas en la Ley General de Cambio Climático, en línea con el Acuerdo de París y la Agenda 2030. Aunque persisten cuestionamientos sobre los cambios en los CELs, la legislación prevé que la planeación vinculante incorpore criterios de descarbonización, electrificación de usos finales y desarrollo regional con justicia energética.
Perspectiva internacional y riesgo comercial
Desde la óptica del T-MEC y otros acuerdos internacionales, destaca que, pese a la prioridad dada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la generación, ello no implica necesariamente una exclusión de las energías renovables, pues además la Ley del Sector Eléctrico permite esquemas de inversión mixta y producción de largo plazo, abriendo la posibilidad al desarrollo de proyectos renovables bajo condiciones competitivas. El reto será garantizar certeza jurídica y coherencia regulatoria para evitar posibles disputas comerciales o desincentivos a la inversión extranjera.
Enfoque social y participación de comunidades indígenas
En el ámbito social, la reforma mantiene la obligación de realizar consultas libres, previas e informadas cuando los proyectos energéticos afecten territorios de pueblos y comunidades indígenas, conforme al Convenio 169 de la OIT. Se preserva así el principio de autodeterminación y se refuerza la importancia de incorporar un enfoque participativo en los procesos de planeación y ejecución de infraestructura energética. Destaca también que las ahora Manifestaciones de Impacto Social se encuentran sujetas a autorización de SENER.
Justicia energética y desarrollo sostenible
Uno de los elementos innovadores del nuevo marco legal es el reconocimiento de la justicia energética como criterio rector. Esta se define como la estrategia para reducir la pobreza energética y desigualdades en el acceso, garantizando energía asequible, confiable, segura y limpia para las comunidades más vulnerables. Se prevé el fortalecimiento del Fondo de Servicio Universal Energético y la ampliación de oportunidades para pueblos originarios dentro de las cadenas de valor.
Sostenibilidad en PEMEX y CFE
La Ley de la Empresa Pública del Estado establece que tanto PEMEX como CFE deben regirse por principios de sostenibilidad. En el caso de PEMEX, se plantea un plan de trabajo enfocado en exploración, refinación, fertilizantes y petroquímica. Por su parte, CFE prevé la incorporación de más de 21,000 MW al sistema eléctrico mediante proyectos con tecnologías limpias, incluyendo eólica, solar y cogeneración.
Además, ambos organismos deberán integrar comités de sostenibilidad en sus Consejos de Administración, incluir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) como integrante y aplicar políticas de adquisiciones con criterios ambientales y sociales, asegurando procesos contractuales transparentes, equitativos y sustentables.
En este contexto, la reforma energética plantea una oportunidad para alinear el desarrollo del sector con metas ambientales y sociales de largo plazo. Su éxito dependerá de una regulación clara, del fortalecimiento institucional y de una implementación efectiva que asegure el equilibrio entre soberanía energética, sostenibilidad y competitividad global.
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