La Ley Crea y Crece quiere potenciar la financiación de las startups en España
Noticia publicada en Cinco Días con la opinión de Leticia Domínguez, socia de ECIJA
La reciente quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) ha supuesto un importante revés para las startups tecnológicas en Estados Unidos. El SVB además de captar depósitos de miles de estas empresas emergentes y fondos de capital riesgo y facilitarles servicios de gestión de tesorería, les prestaba dinero (fundamentalmente a través de venture debt, un tipo de préstamo senior).
Sin embargo, tal y como afirma David Miranda, socio del área de mercantil de Osborne Clarke, en España las startups no suelen tener acceso al préstamo bancario. “Para financiar una compañía, los bancos necesitan que tenga histórico financiero y capacidad de repagar el préstamo, y las startups en fases iniciales no tienen histórico ni capacidad de generar flujos de caja positivos para repagar el préstamo en el medio/largo plazo”, aclara. En su lugar, las empresas emergentes en España, explica el abogado, se financian en sus fases iniciales fundamentalmente a través de inversores privados en capital y programas públicos de apoyo al emprendimiento y la innovación (como Neotec o Innvierte).
Los inversores en capital van desde el círculo cercano del emprendedor (friends & family) y los business angels o padrinos hasta, en estadios más avanzados, los fondos de capital riesgo. “A diferencia de lo que sucede con los inversores en deuda (la típica financiación bancaria), la empresa no tiene la obligación de devolver el capital invertido. A cambio los inversores se quedan con parte del capital social, diluyendo así el peso de los fundadores y los socios anteriores”, señala Miranda.
En los últimos años, una de las formas que más se ha extendido entre las startups para obtener fondos es el crowfunding, el cual se hace a través de las plataformas de financiación participativa. Estas plataformas, comenta Fernando Navas, abogado de Navas & Cusí Abogados, ponen en contacto de manera profesional —vía web u otros medios electrónicos—a personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación, ya sean inversores acreditados (profesionales o institucionales) o no acreditados (particulares), con los promotores que solicitan financiación en nombre propio para un proyecto concreto.
Impulso legal
El volumen de inversión en startups en 2022 alcanzó un total de casi 3.500 millones de euros, un 20% menos que en 2021, según el informe Tendencias de Inversión en España del Observatorio del Ecosistema de Startups en España de Bankinter. Para remontar esta situación la Ley Crea y Crece, en vigor desde hace cinco meses, ha introducido importantes novedades en la financiación de las empresas emergentes. Entre ellas, Leticia Domínguez, socia de ECIJA, destaca el nuevo régimen jurídico para las plataformas de financiación participativa con el que se pretende unificar su regulación a nivel europeo. Una de sus principales primicias, apunta la abogada, es la inclusión de una nueva categoría denominada “gestión de carteras”, para permitir que el proveedor de servicios de financiación participativa destine fondos en nombre del inversor.
Esta norma establece, además, tal y como aseguran desde la firma PKF Attest, una distinción entre inversores experimentados y no experimentados para proteger al minorista. Ello se logra a través de una prueba inicial de conocimientos, del establecimiento de un límite único a la inversión individual por proyecto (el importe más alto entre la cuantía de 1000 euros o el 5 % de su patrimonio neto) y con un periodo de reflexión precontractual de cuatro días.
