Cártel del coche: un nuevo escenario judicial enfrenta a los fabricantes con miles de afectados

Se avecina una nueva batalla judicial en el Derecho de la Competencia. Al cártel de camiones vigente en distintos países europeos, le sigue en España el cártel del coche o cártel de fabricantes de automóviles, como se ha dado en llamar.

Este cártel estaba formado por hasta 25 fabricantes de automóviles y operó en España entre febrero de 2006 y julio de 2013.

Mientras el cártel del coche estuvo operativo, sus integrantes compartieron en secreto información comercial esencial para la fijación de precios, ocasionando así el pago de un sobreprecio a los adquirentes de sus productos, lo que en 2015 dio lugar a una fuerte sanción (de aproximadamente 170 millones de euros) por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a los fabricantes que lo formaron.

El cártel fue descubierto porque uno de sus miembros, SEAT, ofreció información sobre la organización al regulador a cambio de una exoneración de de posibles sanciones, lo que se llama programa de clemencia.

Las marcas representan más del 90% de la cuota de mercado, aproximadamente suponen 10.000.000 de vehículos afectados. Los fabricantes implicados son Citroen, Mitsubishi, BMW, Cheverolet, Chrysler, Jeep, Dodge, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ford, Opel, Honda, Hyundai, KIA, Mercedes Benz, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Lexus, Toyota, Audi, Skoda, VW, Saab y Volvo.

De momento, la Sala Tercera del Tribunal Supremo está desestimando los recursos de casación interpuestos por estas marcas y sus abogados, defendidos por los principales despachos del país.

UNA LEGIÓN DE DEMANDANTES

El pasado día 6 de octubre de 2021, ALLURA consiguió a través de su socio, el abogado Manel Espinosa González, una sentencia histórica del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dictada en relación con el conocido cártel de camiones.

El primer juicio que hubo en Barcelona en relación con ese cártel también fue dirigido por este equipo profesional.

Este despacho ve éxito y ofrece el asesoramiento legal a cambio de un 17% del total con una pequeña provisión de fondos de 200 euros más IVA.

Desde el bufete Cremades & Calvo-Sotelo, especializado en asuntos judiciales que han involucrado a decenas de miles de afectados, se está trabajando con la Agrupación de Afectados por el Cártel de Coches (AACC), preparando diferentes demandas en las que se reclamará judicialmente una indemnización económica acorde al daño y perjuicio percibido.

En principio, las distintas plataformas y despachos que se han posicionado en toda España señalan que se ha abierto la vía para que más de 10 millones de particulares y empresas que compraron vehículos nuevos de estas marcas entre febrero de 2006 y agosto de 2013 reclamen a los fabricantes una indemnización que, en función de la marca y el modelo adquirido, podría ser de unos 2.500 euros de media.

Por ejemplo, si se compró un coche por 15.000 euros la cuantía de la indemnización podría moverse entre entre 1.500 euros y 2.250 euros, más los intereses legales.

DUDAS SOBRE LA FECHA DE PRESCRIPCIÓN

Patricia Liñán, socia responsable de Derecho de la Competencia en ECIJA, explica que el cártel es una de las infracciones más graves en derecho de la competencia: «En ambos casos, cártel de camiones y coches hubo un solicitante de clemencia, un chivato, que delató a los demás integrantes del cártel (MAN, en el caso de los camiones y SEAT, en el de los coches)».

«Este tiene una cierta protección frente a las reclamaciones de daños. En principio, solo respondería de los daños causados a los que le compraron los vehículos a él y no, como el resto de los cartelistas, frente a cualquiera», subraya.

«Otra similitud es que, en ambos casos, será imposible cuestionar la existencia de infracción. En el caso de los camiones, porque los cartelistas (a excepción de SCANIA) reconocieron su infracción. En el caso de los coches, porque la resolución de la CNMC es firme (no susceptible de recurso)».

Esta experta cree que habrá un aluvión de reclamaciones, «cualquiera que comprara un coche en España entre 2006 y 2013 podría reclamar, incluso si compró a una marca distinta a las sancionadas en virtud del llamado ‘efecto paraguas’, según este efecto es posible que la existencia del cártel hiciera que aumentaran los precios no solo entre los miembros del cártel sino en el mercado en general y que, por tanto, también puede ser víctima del cártel el que compró a un no cartelista».

«Como la infracción ya está acreditada por una resolución de la CNMC, la clave estará en la demostración del daño y su cuantificación, normalmente mediante la presentación de un informe pericial económico».

«Otra cuestión relevante en este asunto puede ser si la acción para reclamar ha prescrito, dado que existen dudas aún no perfectamente resueltas acerca de cuál es ese plazo (uno o cinco años) y desde cuando se cuenta, desde la resolución de la CNMC o desde la sentencia del Tribunal Supremo que la confirma», indica.

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