Vózpopuli recoge la opinión de Cristina Llop, socia de ECIJA en Zaragoza.
Los hosteleros no tienen previsto dar su brazo a torcer. Considerando que las medidas que se han impuesto sobre bares, restaurantes y locales de ocio para frenar la expansión del coronavirus «son extremas frente a un sector que no es el principal responsable de la propagación«, los empresarios hosteleros están presentando estos días recursos de oposición en las diferentes comunidades autónomas.
En concreto, las diferentes patronales del sector españolas, agrupadas todas bajo Hostelería de España, disparan sus reclamaciones hacia medidas como el cierre de los locales a la 1 de la mañana, la limitación de hasta 10 personas por grupo, la prohibición de fumar a menos de dos metros de distancia o el cierre de las discotecas.
Presentación de recursos que, según cuentan a Vozpópuli desde ECIJA -el despacho que se está encargando de ello-, ya está en marcha en once comunidades (Cantabria, Asturias, País Vasco, Murcia, Andalucía, Madrid, La Rioja, Galicia, Aragón, Castilla y León y Castilla La Mancha), aunque «es muy probable que se interpongan más».
En concreto, en primer lugar se ha solicitado como medida cautelar la suspensión de la ejecutividad de los acuerdos adoptados por los gobiernos autonómicos (particularmente, por los respectivos consejeros de Sanidad) en cuanto a aquellas medidas que «considerábamos perjudicaban al sector y, además, resultaban inidóneas, desproporcionadas e injustificadas«, explica a este periódico Cristina Llop, socia de ECIJA, que recalca que «por motivos de evidente urgencia, se pedía que se acordaran de manera cautelarísima».
Para Llop, la «gravedad» de las medidas y el momento en el que han sido acordadas «aboca a la cuasi destrucción de un sector económico tan importante para la economía española como es el de hostelería/restauración», sentencia. Por el momento, los autos que están siendo notificados estos días resuelven sobre esas medidas cautelares que se han solicitado, pero «no sobre el fondo del asunto: la legalidad de los acuerdos». En este sentido, esto será objeto de un procedimiento contencioso administrativo de trámite ordinario que también se ha iniciado en cada comunidad autónoma.
«Lógicamente, lo que pretendía el sector es que se suspendiera cautelarmente la ejecución de esas medidas para garantizar que, cuando recaiga sentencia en el procedimiento principal, si fuera estimatoria de nuestras pretensiones, ya fuera demasiado tarde y el sector hostelero y de restauración hubiera resultado tan dañado que fuese imposible su reactivación«, expone Llop.
Según defienden desde el despacho de abogados, el sector «es consciente de que la delicada situación sanitaria del país precisa de la adopción de medidas drásticas, pero resulta poco plausible que, siendo como es que se han definido otras actividades o sectores como principales focos de contagio, la práctica totalidad de las medidas vayan destinadas a la hostelería/restauración y que su extensión sea tan amplia que lleve al cierre de muchos negocios«.
