El Régimen de Interdicción y los Derechos Humanos en México
Existen personas que debido a su condición mental o psíquica requieren asistencia legal para el ejercicio de sus derechos, en especial las personas con discapacidad y los adultos mayores. Anteriormente, el régimen legal consideraba a estas personas como “sin capacidad plena”, lo cual es incompatible con los derechos humanos que ha reconocido México, por lo que una revisión a la legislación es indispensable.
México ha suscrito diversos tratados en materia de derecho humanos que reconocen el derecho a la plena capacidad jurídica, entre ellos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2007), la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2023), así como diversos tratados de la ONU, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la CEDAW.
En congruencia con lo anterior, en 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo 4/2021 determinó que ante la ley las personas son iguales, por lo que podrían ejercer sus derechos y en caso de que requieran algún apoyo para decidir sobre algunos actos para comprender sus consecuencias, se podrán apoyar en la forma que la persona lo pida, por parte de las personas que la solicitante determine como apoyos.
Asimismo, mediante la entrada en vigor a nivel nacional del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (el “Código”), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023 y cuya implementación general está prevista a más tardar para 2027, se derogará el régimen de interdicción, reconociendo a los mayores de 18 años plena capacidad jurídica, así como el derecho a tomar decisiones con apoyos.
En virtud de la entrada en vigor del Código, los congresos locales de la República, deberán armonizar cada una de las legislaciones locales en respeto al reconocimiento al ejercicio pleno de la capacidad jurídica y al respeto de la vida independiente, evitando sistemas de sustitución a la voluntad. Asimismo, deberán proveer la forma de concretar el sistema de apoyos para la toma de decisiones.
En cumplimiento a lo anterior, el 4 de julio del 2024 el Congreso de la Ciudad de México emitió la declaratoria de vigencia del Código, estableciendo que se realizará por etapas, del 1 de diciembre de 2024 al 15 de noviembre de 2025. Por lo anterior, el Congreso de la Ciudad de México deberá reformar la legislación local en consistencia con las disposiciones del Código.
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