«¿Qué pasa si un empleado denuncia a su empresa por ‘pirata’?», artículo con la opinión de Carlos Pérez, socio de ECIJA.

El número de acciones legales por uso de software ilegal creció un 17% en España en 2015. Se abre ahora la vía penal, con multas millonarias y penas de hasta 4 años de cárcel para los administradores.

En 2015 se registró en España un récord de denuncias y acciones legales por tenencia y uso de software sin licencia.

En total, BSA, la entidad que agrupa a los principales fabricantes y desarrolladores de software para empresas, recibió el año pasado más de 370 denuncias que dieron lugar a 191 acciones legales contra empresas por presunta tenencia y uso de software ilegal, lo que representa un aumento del 17% con respecto a 2014.

Muchas de las denuncias proceden de trabajadores descontentos (14%) y, sobre todo, exempleados (47%), aunque su identidad suele permanecer anónima durante el proceso judicial, ya que es el propietario de los derechos de autor -o en su defecto, la BSA en su nombre- quien se persona.

Casos recientes

Normalmente las partes llegan a un acuerdo, de ahí que existan tan pocas sentencias en España. «Aun así, el número de denuncias claramente está creciendo y contamos ya con jurisprudencia, como por ejemplo la condena de 278.000 euros que ratificó en marzo de este año la audiencia provincial de Lleida para la empresa de ingeniería Satel. O la indemnización de 1,3 millones de euros que el juzgado de lo mercantil número 2 de Bilbao impuso en junio a una compañía industrial vasca. O una reciente sentencia del Tribunal Supremo, a raíz de un caso que arrancó en Asturias hace cinco años, que condena a Bittia Comunicación a pagar 67.000 euros, más los intereses devengados desde 2011», enumera Carlos Pérez, socio de Ecija Abogados. El despacho catalán es el socio de BSA para estos procedimientos.

La BSA ha habilitado un espacio en su página web donde cualquier persona puede denunciar a una compañía por usar programas pirata. Es una práctica habitual. En una reciente encuesta elaborada por esta asociación, el 26% de los consultados afirmaba instalar de forma habitual software no autorizado en los equipos de sus empresas. Y lo que es casi peor: los directores de sistemas (CIO) encuestados reconocían que la principal razón para asegurarse de que sólo se instalen programas con licencia es evitar los riesgos para la seguridad asociados con el software ilegal, especialmente las que tienen que ver con las pérdidas de datos.

Una vez que una denuncia es aceptada, se inicia un procedimiento que incluye inspecciones sorpresa. «Nos hemos encontrado ordenadores con seis y siete versiones de un mismo programa. Muchas veces la propia dirección de la empresa lo sabe, pero obliga a sus trabajadores a utilizar software ilegal para ahorrar costes», asegura Pérez.

Ahora también por lo Penal

En España, la ley considera el software como propiedad intelectual, lo que faculta al fabricante de los programas a reclamar daños y perjuicios. Por la vía civil, la cuantía de las indemnizaciones se establece calculando el precio de mercado de los programas por los que el infractor nunca pagó, o bien el beneficio que éste obtuvo gracias al uso de software ilegal.

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