La DGA tramita las demandas patrimoniales de hosteleros
Noticia publicada en el Heraldo de Aragón con la opinión de Cristina Llop, socia de ECIJA.
La DGA ha admitido a trámite las primeras reclamaciones patrimoniales presentadas por bares, restaurantes, hoteles, discotecas, salones recreativos y gimnasios, entre otros, por las pérdidas ocasionadas por las restricciones contra la covid19. El Ejecutivo autonómico tendrá aún unos meses para contestar, aunque el sector asume que el conflicto «acabará en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón».
Los afectados creen tener «motivos de sobra» para acudir a Justicia. Sobre todo tras el último varapalo del TSJA, que tumbó la orden que limitaba el número asistentes a bodas y comuniones.
Insisten, asimismo, en que el artículo tercero de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estado de alarma, de excepción y de sitio, dice que «quienes como consecuencia de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados».
El Gobierno central, apuntan desde los despachos que están tramitando las reclamaciones en Aragón, también ha admitido las presentadas por los daños ocasionados por el estado de alarma. Y aunque ha requerido documentación formal a través del Ministerio de Hacienda, no se cree que vaya a dar una respuesta antes de los seis meses de plazo.
Cristina Llop, de Écija Abogados, confirma que en el sector «hay intención» de recurrir a los tribunales. «No hay muchas esperanzas de que las reclamaciones se estimen por la vía administrativa. En este tiempo no ha habido ningún pronunciamiento por parte del Gobierno de Aragón que lleve a pensar que va a compensar las pérdidas. Imaginamos que la DGA se arriesgará a ir al Tribunal Superior de Justicia de Aragón para ver si no resulta condenada», sostiene.
En su opinión, sentencias como la referida a los banquetes «favorecen» los intereses de los empresarios que han presentado reclamaciones administrativas contra el Ejecutivo regional, ya que, en su escrito, los magistrados critican la «falta de proporcionalidad» de las medidas.
