La nueva Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador: implicaciones legales y fiscales

Artículo escrito por Vivian Ahues, asociada de ECIJA El Salvador.

Con la entrada en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros, El Salvador incorpora un nuevo marco legal que establece controles específicos sobre personas naturales y jurídicas que reciben financiamiento del exterior y participan en actividades de interés público dentro del país. Esta normativa representa un giro significativo en las obligaciones de transparencia, tributación y supervisión para una amplia gama de organizaciones, en especial aquellas vinculadas al ámbito social, político o económico con respaldo internacional.

Uno de los ejes centrales de la ley es la creación del Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), una plataforma administrativa bajo la tutela del Ministerio de Gobernación, encargada de concentrar la información sobre entidades y personas que operan con recursos provenientes del extranjero. Este registro es de carácter obligatorio: quienes no se inscriban en el plazo estipulado, no podrán operar legalmente en el país ni movilizar fondos, bienes o activos.

Asimismo, la ley establece un impuesto del 30% sobre toda transferencia de fondos, bienes o servicios que ingresen desde el exterior en beneficio de un agente extranjero. Este impuesto deberá ser retenido y enterado por las instituciones del sistema financiero o cualquier otra entidad que intervenga en la transferencia de dichos recursos, actuando como Agentes de Retención Especiales. El mecanismo busca garantizar que los ingresos del exterior sean reportados y utilizados con fines legítimos y transparentes.

Tanto los agentes extranjeros como los agentes de retención tienen la obligación de presentar informes electrónicos mensuales a la Dirección General de Impuestos Internos, detallando los montos transferidos, retenidos y enterados, bajo las especificaciones técnicas de la Administración Tributaria.

La normativa también contempla un régimen sancionatorio estricto. Las infracciones a las obligaciones de registro, reporte y cumplimiento tributario pueden conllevar multas que oscilan entre $100,000 y $250,000, sin perjuicio de responsabilidades penales en los casos más graves. La competencia para imponer estas sanciones corresponde al Ministerio de Gobernación, siguiendo el procedimiento administrativo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos.

Por otra parte, tanto el Ministerio de Gobernación como el Ministerio de Hacienda cuentan con facultades amplias para emitir normativa secundaria (como guías, instructivos o resoluciones) que facilite la implementación práctica de la Ley. Además, se reconoce el carácter especial y prevalente de esta normativa sobre otras leyes generales, aplicándose de forma supletoria el Código Tributario y la Ley de Procedimientos Administrativos.

Finalmente, la Ley establece una disposición transitoria clave: los sujetos obligados deberán registrarse en un plazo máximo de 90 días a partir de su entrada en vigor. Durante este periodo también se habilitará el RAEX y los mecanismos administrativos y tecnológicos necesarios para su funcionamiento.

La Ley de Agentes Extranjeros establece un régimen legal estricto que obliga a las organizaciones con financiamiento del exterior a cumplir con requisitos formales, fiscales y registrales bajo supervisión del Estado. Desde nuestra firma, brindamos asesoría integral para garantizar el cumplimiento normativo, mitigar riesgos y evitar sanciones. Si su organización recibe fondos del extranjero, podemos apoyarle a implementar los ajustes legales necesarios con seguridad y eficiencia.