El costo anual para el sector empresarial en México asociado a la discriminación es de alrededor de 240,000 millones de pesos, cifra equiparable al PIB de varios estados.
Cada vez que se aborda la necesidad de garantizar espacios de inclusión desde la iniciativa privada, o se cuestiona la importancia de las medidas y protocolos de prevención del acoso y discriminación en los centros de trabajo, la respuesta es simple: prevención de riesgos legales.
A nivel internacional es clara la tendencia en esta materia, sin embargo, en México aún existe resistencia al respecto, quizás por desconocimiento, ya que a pesar de que el marco regulatorio prevé fuertes sanciones en contra de quienes discriminen y acosen, o bien, toleren estas conductas, siguen resistiéndose a invertir en asesoría especializada para evitarlas, aun cuando es más barato que hacerle frente a un litigio, enfrentar una crisis reputacional o pagar una multa.
Desde la teoría económica se ha demostrado ya que el factor discriminatorio influye negativamente en la selección del personal, ocasionando severas pérdidas económicas a las empresas. Al respecto, destacan dos teorías que sostienen lo anterior, la denominada “taste based” del Premio Nobel de Economía de 1992, Gary Becker, y la teoría de la discriminación estadística o “statistical discrimination” de Keneth Arrow, Edmund Phelps, y otros autores.
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