Se endurece la regulación ESG en México y el mundo
Los criterios ESG están transformando los servicios de consultoría empresarial ante su creciente regulación tanto en Europa como en Latinoamérica y Asia.
Desde que los criterios ESG cobraron relevancia en el discurso empresarial, diferentes legislaciones en el mundo han implementado normativa en la materia, teniendo como efecto que éstos adquieran un carácter vinculante y significando que, las obligaciones empresariales en materia ambiental, social y de gobernanza, ya no sean meros compromisos corporativos de buena fe. Al mismo tiempo, este cumplimiento comienza a fiscalizarse por las autoridades.
Ejemplo de lo anterior son las regulaciones francesa y alemana en materia de debida diligencia, aprobadas en 2017 y 2021, respectivamente. Las normativas de estos países fueron pioneras en exigirles a las grandes empresas, mecanismos de debida diligencia, implicando la supervisión y cumplimiento en materia de derechos humanos a lo largo de sus cadenas de suministro. Para ello, se incorporaron esquemas de responsabilidad extraterritorial a aquellas empresas nacionales con operaciones en otros países. Esto ha tenido repercusión regional pues, desde la Unión Europea, a partir del 23 de febrero de 2022, se proyecta ya la primera propuesta sobre dicho procedimiento en materia de sostenibilidad empresarial.
El objetivo de este ordenamiento transnacional es fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable, anclando los derechos humanos y las consideraciones medioambientales en las operaciones y el gobierno corporativo de las empresas.
En este sentido, también en Europa, se han propuesto recientemente otros ordenamientos con íntima relación con los criterios ESG. Algunos ejemplos son la “Ley de Restauración de la Naturaleza” y la “Directiva Europea sobre Información Corporativa en materia de Sostenibilidad”, que amplían las obligaciones en materia de medio ambiente y sostenibilidad para las empresas de esa región. Respecto de la primera, incorpora un esquema de colaboración entre Estados y empresas en la restauración de ecosistemas y fauna en peligro de extinción. Mientras que, en la segunda, se amplían las obligaciones de reporteo en materia de sostenibilidad, a grandes y medianas empresas que coticen en bolsa, teniendo como consecuencia que las empresas que quieran cotizar o bien ya coticen, fortalezcan sus acciones en materia de igualdad e inclusión, derechos humanos, medio ambiente y combate a la corrupción.
Otro ejemplo de cómo es que los criterios ESG se están endureciendo en el mundo, son las medidas anunciadas por la US Securities Exchange Commission (SEC) del Gobierno de los Estados Unidos. En junio de 2022, éste anunció una serie de medidas para sancionar a aquellas corporaciones que falseen información respecto de la implementación y acciones en materia de ESG. Al respecto, la SEC, ya multó a New York Mellon Corp por manifestar que cumplía con estos criterios sin demostrar a la autoridad los estándares utilizados para ello. Respecto a ello, la SEC consideró que era información falsa pues no tenía sustento comprobable alguno; asimismo, actualmente, el regulador financiero estadounidense, investiga ya a Goldman Sachs Group Inc., por considerar que sus fondos mutualistas no cumplimentan los estándares ESG que exige Wall Street. Estas acciones y medidas se encuadran en la reciente campaña impulsada por la SEC para combatir el eco-blanqueo de capitales, así como el Social Washing de las grandes empresas.
En México, esta tendencia regulatoria no es excepción. En 2020, se propuso en el Senado de la República la Iniciativa de Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa, primera en su tipo en América Latina al buscar domesticar los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, contemplando un esquema regulatorio en materia de responsabilidad social y de derechos humanos para las empresas en México. Además, incluyendo sanciones a aquellas corporaciones que incurrieran en actos violatorios a estos derechos. Asimismo, a principios de 2022, se promulgó la Ley Federal de Protección al Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que impuso un nuevo cúmulo de obligaciones a las empresas que quieran utilizar diseños provenientes de pueblos originarios en México, llevando a la necesidad de nuevos servicios como la gestión social y profesionales expertos en materia de derechos humanos.
Sin embargo, es la Iniciativa de Ley General de Economía Circular, pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Diputados, la que advierte que representará un cambio de paradigma respecto de la obligatoriedad de los criterios ESG en México. Este ordenamiento, cuya promulgación parece inminente, incorpora esquemas de economía circular, obligando a las empresas a integrar cadenas de suministro que generen valor. Como consecuencia, eventualmente esto conllevará a la incorporación de esquemas de responsabilidades extendidas de productores, así como a difundir una cultura de corresponsabilidad ambiental en la población para lograr un consumo responsable. Asimismo, el proyecto de ordenamiento busca desarrollar esquemas de medición respecto de las huellas de carbono e hídrica, implicando obligaciones de reporteo por parte de las empresas, sobre todo, de aquellas que generen productos altamente contaminantes como lo es el plástico o el vidrio, entre otros.
La renovación de los Tratados de Libre Comercio con América del Norte (TMEC) y, próximamente, con la Unión Europea (TLCUE), está acelerando la incorporación de estos criterios en la normativa doméstica nacional. Ejemplo de ello, es lo dispuesto por los artículos 23.6, 23.7 y 24.13 del TMEC, donde se establece que las partes contratantes “reconocen la importancia de promover la responsabilidad social corporativa y la conducta empresarial responsable”. Esto corrobora que los criterios ESG serán indispensables en el futuro inmediato para el establecimiento de negocios con otras jurisdicciones del mundo.
Incluso, países que tradicionalmente parecieran rechazar esta perspectiva, ya han dado pasos significativos en la materia. Pakistán y China en 2021 y 2022, respectivamente, aprobaron su Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, incorporando un esquema de obligaciones de respeto y promoción a los derechos humanos, para las corporaciones, tanto nacionales como extranjeras con actividades en sus jurisdicciones. Esto es muestra de que incluso países conservadores respecto a esta temática están transitando a estos esquemas.
Los criterios ESG están transformando los servicios de consultoría empresarial pues, ante su creciente regulación, ha aumentado considerablemente la demanda de servicios especializados en esta materia. Sin embargo, al ser escasa la oferta de profesionales con experiencia en el rubro, varias empresas han optado por crear sus propias áreas para su atención. La creación de figuras como el Chief Sustainability Officer o el Business & Human Rights Counsel, entre otras, son prueba de ello.
Reza un viejo proverbio popular que todos buscan sombra, pero nadie planta árboles. La creciente normatividad en materia de ESG busca transformar esta ecuación, representando un nuevo paradigma para la gestión corporativa, pues obliga a implementar esquemas sostenibles de corresponsabilidad empresarial con el medio ambiente, la sociedad y el buen gobierno. Es decir, que se continue buscando sombra, pero obligando a plantar más árboles.
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Adalberto Méndez, socio de Business, Derechos Humanos y ESG de ECIJA México