Novedades en materia de protección de datos en Chile

Nota informativa del área de Protección de Datos de ECIJA Madrid.

El pasado 26 de agosto de 2024, tras más de siete años de ardua negociación, el Congreso Nacional de Chile aprobó finalmente el Proyecto de Ley de Datos Personales (en adelante, el “Proyecto”). Una vez sea sometido al control de constitucionalidad requerido por la legislación chilena ante el Tribunal Constitucional, será promulgado en el Diario Oficial para adquirir la categoría de Ley y dejar atrás la connotación de proyecto.

En palabras del legislador chileno, la futura norma tiene por objeto proteger los datos personales de las personas naturales, regulando la forma y condiciones bajo las cuales debe llevarse a cabo su procesamiento, apuntando directamente a resguardar un derecho fundamental.

Desde el momento de su entrada en vigor, se introducirán cambios fundamentales en la regulación actual en materia de privacidad y protección de datos en todo el territorio chileno, gobernada principalmente por la Ley 19.628, vigente desde 1999 y que ha quedado completamente desfasada al no poder dar una respuesta completa a los problemas que esta rama del Derecho plantea en la actualidad. El legislador chileno ha contemplado un plazo de un año desde la publicación de la norma para su entrada en vigor. A su vez, ha concedido un plazo extra de 24 meses para adecuar las bases de datos a la nueva legislación desde la publicación.

De esta forma, Chile sigue el modelo de la mayoría de los países de Latinoamérica que han venido, en los últimos años, acercándose a los estándares europeos en materia de privacidad mediante la aprobación y promulgación de normas profundamente inspiradas en el Reglamento General de Protección de Datos.

Como consecuencia de ello, las empresas que operen en el territorio chileno deberán adecuar sus modelos de negocio a las exigencias establecidas por la novedosa normativa. Teniendo en cuenta lo demandante que resulta este proceso, el período que ya transcurre hasta la entrada en vigor definitiva de la Ley se antoja fundamental para acometer esta adecuación.

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