Este artículo fue publicado por Economist & Jurist.
El régimen jurídico actualmente aplicable a las startups no tiene en cuenta las particularidades de estas empresas emergentes de base tecnológica e impone requisitos excesivamente gravosos para sus innovadores modelos de negocio. Por ello, el sector se inclina al establecimiento de medidas flexibles a través de una nueva “Ley de fomento del ecosistema de Startups” que facilite el acceso a la financiación y simplifique las trabas administrativas.
Ha llegado el momento de tomar acción, acometer iniciativas políticas concretas y promover un marco legal adecuado para posicionar a las startups en el centro de la innovación, de la generación de riqueza económica y de la creación de empleo.
La Ley de Startups vuelve a ser noticia
La creación de empresas tecnológicas, con alto potencial de crecimiento, se considera uno de los pilares sobre los que se basa el crecimiento económico, la innovación y la competitividad de la economía, por su contribución a la creación de empleo y su capacidad de generar alto valor añadido.
Existe un consenso general en el sector del emprendimiento de base tecnológica en España sobre la necesidad de tomar acción, acometer iniciativas políticas concretas y promover un marco legal adecuado para el desarrollo de las startups, abogando por una agilización y una simplificación normativa que garantice la flexibilidad y el dinamismo adecuado para el desarrollo de estas empresas emergentes.
La estrategia “España Nación Emprendedora” tiene como objetivo fomentar el ecosistema emprendedor y promover la adopción de una ley que reconozca la naturaleza única de las startups[1]. Así, el Ministerio de Economía y Empresa, a través de la Secretaría de Estado para el Avance Digital estaría elaborando un anteproyecto de “Ley de fomento del ecosistema de Startups” [2]. El trámite de consulta pública previa[3], se cerró el pasado 25 de enero de 2019, tras recabar la opinión de los sujetos afectados y organizaciones representativas, con la recepción de más de 200 propuestas. Por otro lado, la “Estrategia PYME 2030” de abril 2019 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, elaborada por la Secretaría General de Industrial y de la pequeña y mediana empresa, también apunta a la necesidad de desarrollar un “estatuto” que responda a las necesidades de las Startups[4], así como subrayar la necesidad de flexibilizar el cumplimiento de normativas pensadas para empresas ya establecidas.
Para no retrasarnos más en innovación respecto a otros países desarrollados, es urgente una planificación política emprendedora duradera para impulsar el fortalecimiento del ecosistema emprendedor de base tecnológica en España. En estos primeros días del año 2020, el debate sobre la nueva Ley de Startups vuelve a ser noticia, generando un notable optimismo en el sector.
El ecosistema emprendedor
En marzo de 2010, cuando España estaba inmersa en una profunda crisis económica y financiera, la Estrategia Europa 2020 reconoció la importancia capital del emprendimiento como motor de un crecimiento inteligente[5], sostenible[6] e integrador[7].
Estábamos viviendo un movimiento global de intensa transformación tecnológica, que hacía necesario y urgente tomar medidas para construir una nueva economía.
Esto ha desembocado en el desarrollo, durante esta última década, de un ecosistema emprendedor competitivo en España, con la irrupción de nuevos agentes que han acelerado los procesos de transformación: una de las mejores noticias de la crisis.
Aunque estemos lejos de los ecosistemas emprendedores más dinámicos (como Estados Unidos o Israel), cabe recalcar que se han producido ya una serie de progresos significativos recientes a todos los niveles.
Desde el punto de vista regulatorio, se han aprobado diversas medidas legislativas[8]: el emprendedor de responsabilidad limitada; las sociedades de formación sucesiva; la tarifa plana en Seguridad Social; el régimen especial del criterio de caja en IVA; incentivos en IRPF para inversores en empresas nuevas o de reciente creación, así como medidas que procuran una segunda oportunidad para aquellos que se ven obligados a cerrar la empresa o que arrastran deudas derivadas de su anterior actividad empresarial[9]. Aunque algunos expertos sostienen que el impacto económico de estas medidas ha sido anecdótico.
Igualmente, se han promovido iniciativas y políticas públicas, programas de ayudas: las ventanillas únicas, la compra pública innovadora para fomentar la adquisición de soluciones innovadoras o de soluciones en fase de desarrollo desde el sector público, entre otras. El problema es que existe un gran desconocimiento sobre los distintos instrumentos existentes, así como falta de coordinación entre los distintos agentes involucrados, produciéndose solapamientos entre los múltiples programas de ayudas.
Desde el punto de vista de las startups y de la inversión del capital privado, identificamos proyectos cada vez más sólidos dirigidos por equipos con madurez para lograr su expansión nacional e internacional. Esta profesionalización se traduce en que las startups españolas captan cada vez más financiación[10]. A pesar de que todavía tenemos una asignatura pendiente en cuanto a las desinversiones (exits)[11], ya pueden darse datos económicos que prueban el impacto creciente del sector. Asimismo, han proliferado un gran número de entidades públicas y privadas (aceleradoras, incubadoras, viveros de empresas, venture builders) de apoyo al emprendimiento que han sido de gran ayuda para todos aquellos emprendedores en la puesta en marcha de nuevos proyectos.