Confilegal recoge la opinión de Cristina Llop, socia de ECIJA.
El 14 de agosto de 2020 los consejeros de sanidad de todas las CCAA se reunieron en el Consejo Interterritorial de Salud Pública acordando la aplicación unánime de una batería de medidas que el Ministerio de Sanidad ordenó fueran traspuestas a las correspondientes normativas autonómicas. Y ello porque las competencias en sanidad están delegadas en las CCAA.
Demanda ante la Audiencia Nacional
“Desde ECIJA interpusimos recurso contencioso administrativo contra prácticamente todas esas normas autonómicas ante los respectivos Tribunales Superiores de Justicia en representación de las asociaciones territoriales hosteleras”, explica Cristina Llop, socia del despacho. Y al mismo tiempo, ante la Audiencia Nacional contra el propio acuerdo del consejo interterritorial y la orden ministerial que comunicaba y ordenaba la aplicación de esas medidas a las CCAA”, añade.
Básicamente el fundamento en unos y otros casos era la falta de observancia del procedimiento legalmente establecido para acordarlas y su falta de justificación sobre todo en cuanto a aquellas medidas directamente aplicables al sector hostelero. “ahora falta plantear las reclamaciones patrimoniales frente al Estado”, apunta. Estas reclamaciones patrimoniales empiezan por el recurso ante el órgano administrativo que dictó dicha norma “tiene seis meses para resolver, si no contesta o desestima iremos a los tribunales y su vía contenciosa ”, apunta esta jurista. En este escenario la hostelería, de la mano de ECIJA, presentaba ante la Audiencia Nacional una demanda en nombre de la patronal del sector, Confederación Empresarial de la Hostelería de España contra la orden ministerial y el acuerdo del Consejo Interterritorial del 14 de agosto.
La demanda cierra el proceso de todos los recursos que el sector ha puesto en marcha en las Comunidades Autónomas. Se Interpuso a mediados de octubre y se ha formalizado en diciembre, “una vez nos dieron traslado del expediente administrativo”, aclara Llop. Al mismo tiempo tiene como objetivo lograr la nulidad de las resoluciones impugnadas basándose, entre otros, en la falta de justificación de las medidas acordadas. La patronal de este sector mostraba hace unos días su descontento ante el plan de ayudas del Gobierno para el sector. Su propio presidente José Luis Yzuel señala que estos cierres forzados están arruinando el sector, de ahí el pedir a la administración que asuman sus responsabilidades.
La hostelería está formada por más de 315 mil establecimientos que dan trabajo a 1,7 millones de personas y tiene un volumen de ventas de 129.341 millones de euros, con una aportación del 6,2% al PIB de la economía española.
España no está destinando ayudas directas a la hostelería. Según el informe Competur de Cerveceros de España, la facturación del sector ha descendido un 50 por ciento respecto al pasado año y se han destruido 350.000 empleos. Las ayudas estimadas para que el sector resista son 8.500 millones de euros. Cabe recordar que los propios datos del Ministerio de Sanidad han acreditado que la hostelería no es el foco de la pandemia, situando por debajo del 2% el índice de contagios en los establecimientos hosteleros.
En estos momentos, la hostelería está en una situación límite, pudiendo llegar a perderse un millón de empleos entre directos e indirectos y actualmente con más de 365.000 trabajadores en ERTE y un tercio de los locales abocados al cierre ante la falta de ayudas directas. Es factible que las reclamaciones patrimoniales al Estado se interpongan el próximo mes de marzo y luego es posible que se presenten ante algunas Comunidades Autónomas “algunas de ellas interpusieron dichas medidas, habrá que ver su impacto de forma individualizada con los afectados”. Llop explica que es muy complicado establecer una demanda única agrupando los intereses del colectivo hostelero “hablamos de pérdidas distintas y casuística diferente, nada que ver con las demandas bancarias que agrupan intereses parecidos. Serán demandas individualizadas”. “Básicamente las reclamaciones se calcularán atendiendo a la merma de beneficios respecto de ejercicios anteriores y los gastos en que haya incurrido cada establecimiento para adaptarse a las medidas de Sanidad”.
